Aunque la propuesta de Raúl Medina, podría generar otras tensiones. Los adultos mayores, por ejemplo, podrían sentirse desprotegidos ante la eliminación de sus descuentos, un beneficio que históricamente ha sido reconocido como un derecho adquirido.
El reciente planteamiento de Raúl Medina Samaniego, líder del sindicato de choferes de la Alianza, para establecer una tarifa única de 10 pesos en el transporte público, ha provocado un debate amplio, ya que implica eliminar los descuentos para personas mayores, estudiantes y otros usuarios preferenciales. Este escenario plantea una pregunta fundamental ¿Es justo que todos paguen lo mismo sin considerar las desigualdades económicas de los usuarios?
Si bien, en otros estados se implementan tarifas únicas para simplificar el cobro y evitar fricciones; la realidad económica de Durango dista mucho de ser uniforme. Miles de estudiantes que dependen de al menos dos camiones diarios para acudir a sus centros educativos enfrentarían un gasto significativo bajo este esquema, algo que sin duda podría impactar su economía familiar.
También debemos tomar en consideración que el ajuste tarifario debe estar sustentado en estudios económicos realizados por la Dirección de Transportes y que culmina con una decisión tomada por el Consejo Consultivo del Transporte, quien debe evaluar a fondo la situación financiera de los concesionarios y el impacto potencial en los usuarios antes de determinar cualquier incremento.
Recordemos que el año pasado no se aprobó un aumento, pero los sindicatos de transporte aseguran que las condiciones económicas actuales hacen indispensable el ajuste, argumentando que los costos de operación, mantenimiento y combustibles han incrementado considerablemente, lo que compromete la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la propuesta de una tarifa única no está exenta de polémica.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) que históricamente ha tenido un papel importante en temas laborales y sociales en Durango, aún no se ha pronunciado públicamente sobre este tema. Será interesante conocer su postura, especialmente considerando que muchos de sus afiliados y sus familias dependen del transporte público para sus actividades diarias. ¿Apoyará la propuesta del sindicato de choferes o defenderá los derechos de los sectores más vulnerables?
En este contexto, surge una pregunta adicional. ¿Habrá partidos políticos interesados en intervenir en este tema para ganarse el apoyo de los estudiantes? No sería la primera vez que un sector tan numeroso e influyente en el electorado se convierte en el objetivo de estrategias políticas. La defensa de los descuentos o la propuesta de tarifas diferenciadas podrían ser utilizadas como banderas electorales, especialmente en un año previo a elecciones importantes en el estado.
Más allá de las tarifas, esta discusión pone en evidencia la necesidad de una modernización integral del transporte público en Durango. Los usuarios no solo exigen precios accesibles, sino también un servicio eficiente, seguro y de calidad. Por ello, el gobierno y los transportistas enfrentan el reto de encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de todos.
Para los estudiantes, el impacto sería doblemente grave. No solo verían incrementados sus gastos diarios, sino que también enfrentan la incertidumbre de no saber si el servicio que reciben mejorará con el aumento. En un contexto en el que la educación es clave para el desarrollo social, encarecer su acceso puede tener consecuencias negativas a largo plazo.
Finalmente, el gobierno del Estado que encabeza Esteban Villegas Villarreal, tiene en sus manos la responsabilidad de mediar entre las demandas de los sindicatos y las necesidades de los usuarios. Si bien es legítimo que los concesionarios busquen mejorar sus ingresos, esto no puede hacerse a costa de sacrificar la equidad social y el acceso universal a un transporte digno.
