Aplica Durango perspectiva de género en conflictos laborales

La Organización Internacional del Trabajo asegura que Durango es un estado de ejemplo nacional en atención laboral con perspectiva de género

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango — Una herramienta de autodiagnóstico que permite a las instituciones de resolución de conflictos / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Mario Contreras

La oficial de relaciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gabriela Márquez Conde, calificó a Durango como el único estado en México que integra la perspectiva de género y tratados internacionales en la atención y resolución de conflictos laborales.

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La OIT, implementó en el Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), una herramienta de autodiagnóstico que permite a las instituciones de resolución de conflictos laborales evaluar su efectividad y diseñar estrategias de mejora.

Con ello, buscan apoyar al gobierno y a los interlocutores sociales en la identificación conjunta de desafíos, así como en la formulación de medidas concretas para fortalecer los sistemas de justicia laboral en México.

Fue la semana pasada cuando dos facilitadoras de la OIT visitaron Durango para acompañar la aplicación del instrumento en sesiones de trabajo con un grupo diverso de personas del Poder Judicial y del juzgado laboral.

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El ejercicio se realizó en el marco del proyecto, “Fortalecimiento de las relaciones laborales en México: Prevención de conflictos laborales y acceso a la justicia laboral, con perspectiva de género”.

La herramienta desarrollada por la OIT permite a las instituciones evaluar su desempeño en torno a principios fundamentales como eficiencia, rapidez, accesibilidad, equidad, independencia, rendición de cuentas, imparcialidad, profesionalismo, igualdad y ejecución.

En el caso de los mecanismos no judiciales, se añaden además los principios de voluntarismo, confidencialidad y prevención.

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Para la OIT, una institución de resolución de conflictos laborales efectiva es aquella que garantiza el acceso a la justicia de forma fácil, asequible, rápida y no discriminatoria, contribuyendo al estado de derecho y actuando con imparcialidad, independencia, profesionalismo, transparencia y responsabilidad.