El tener un mayor acceso al internet coloca a las familias en un mayor riesgo de ser víctimas de los extorsionadores
Brenda Maurer
Luego de que los diputados federales aprobaron la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión, misma que ahora está en la cancha del Senado de la República, el diputado local Héctor Herrera Núñez, apuntó que las leyes tienen que adecuarse a los nuevos tiempos y que Durango hará lo propio, considerando que en la región de las quebradas con la ampliación de la cobertura de internet ha aumentado fuertemente la incidencia de este delito.
Ahora, hay diferentes formas de extorsionar porque los delincuentes usan la tecnología, los celulares y la Inteligencia Artificial; de ahí que las leyes se tengan que actualizar para que estos delincuentes no queden impunes y que, por el contrario, quienes hacen mal uso de las tecnologías para cometer actividades ilícitas se castiguen de forma severa, añadió.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, advirtió que muchas veces hay redes de extorsión que a pesar de que se les denuncie, siguen operando porque hay vacíos legales que generan que no se les juzgue.
Héctor Herrera, reconoció que el delito de extorsión ha aumentado de manera considerable sobre todo en la región de las quebradas derivado de que hay un mayor acceso a internet y los delincuentes actúan a través de llamadas o mensajes de WhatsApp y otras redes sociales. Incluso hay quienes hacen llamadas a familiares en Estados Unidos para pedirles dinero y así pagar la extorsión.
Abundó que ante este escenario es urgente reforzar las campañas de información para que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de los extorsionadores; sobre todo aquellos que apenas empiezan a manejar redes sociales o que no saben mucho de tecnología.
Definitivamente tenemos que ver cómo llevar una campaña de información para que las personas no caigan, sobre todo los adultos mayoresHéctor Herrera Núñez
El morenista subrayó que lamentablemente el delito de extorsión va en aumento de forma considerable, lo que definitivamente preocupa a los legisladores y los compromete a revisar las leyes para poder adecuarlas a las que vienen de la federación para prevenir y también para castigar este delito de manera ejemplar.
La Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión, establece una pena de seis a 15 años de prisión; lo cual se puede ir hasta 25 años de cárcel derivado de alguna de las agravantes que se consideran. De igual forma, se plantea una sanción económica de hasta 500 veces el valor diario de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
