Buscan ley para dar trabajo comunitario a infractores

La iniciativa propuesta por el diputado Ernesto Alanís, se aplicaría a los ciudadanos de todo el estado desde los 12 años de edad

Mario Contreras

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Alanís Herrera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley Cívica del Estado de Durango y sus municipios, en la que se contemplarían el trabajo comunitario para personas a partir de los 12 años.

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El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI tiene como objetivo, dijo, dotar a los 39 municipios del estado de un marco legal común que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios mediante un modelo de justicia cívica eficiente, restaurativo y preventivo.

“La idea es crear nuevos mecanismos y fortalecer los que ya existen, pues es fundamental para garantizar la seguridad y lograr una vida más tranquila y armoniosa para todos”.

Además, con el nuevo marco normativo se busca ofrecer alternativas a las sanciones comunes como multas o arrestos, por ejemplo, que las personas puedan participar en actividades comunitarias, programas sociales o terapias, si así lo deciden voluntariamente, mediante un acuerdo firmado ante el juez.

Las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos, por lo que deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen, y el modelo propone atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y reparar el daño causado, más allá del castigo.

En entrevista, el legislador local señaló que es necesario capacitar a los jueces, policías y funcionarios, así como actualizar conceptos legales y aplicar procedimientos eficaces con alternativas a las sanciones tradicionales.

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Esta medida, agregó, ya se aplica en estados como Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León, y dichas entidades ya cuentan con legislación en la materia y ha dado resultados positivos.

La Suprema Corte validó en la acción de inconstitucionalidad 70/2019 que los congresos estatales pueden legislar sobre justicia cívica, incluso sin ley federal general, y aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo, su aplicación es irregular o inexistente en varias demarcaciones, lo que genera disparidad e ineficiencia.

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Finalmente, comentó que los principales puntos que se contemplan en la iniciativa son: el procedimiento claro para aplicar la justicia cívica, un catálogo de faltas administrativas y sanciones, lineamientos para programas de rehabilitación, atención a adicciones y colaboración con sociedad civil, así como alternativas a multas y arrestos, como trabajo comunitario o terapias, mediante acuerdos voluntarios.