El proyecto se desarrolló a consecuencia de múltiples quejas en la CEDH
Joshael Rojas
El subsecretario destacó que, aunque varias universidades cuentan con áreas de trabajo social para dar atención inicial a los casos, es indispensable asegurar la canalización adecuada y la respuesta oportuna.
Después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) diera a conocer que de las 552 quejas registradas en la institución en lo que va del año, se emitieron 10 recomendaciones de las cuales seis están dirigidas a instituciones educativas por diversos actos que vulneran a los estudiantes, la Secretaría de Educación en el estado ha establecido un trabajo en conjunto para homologar el protocolo de bullying en instituciones educativas.
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El subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Durango, Francisco Javier Ibarra Guel, señaló que pese a que cada escuela tiene un protocolo de acción contra actos de violencia, discriminación y bullying, se homologarán los protocolos de acción y se buscará dar seguimiento a los casos que se registren. El protocolo será unificado con el asesoramiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Explicó que a nivel federal, muchas instituciones ya cuentan con lineamientos específicos relacionados con la lucha contra la violencia y la promoción de la paz, y que en Durango se busca fortalecer estos mecanismos con un enfoque integral.
Siempre hemos procurado garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, lo importante es que todas y todos sean escuchados, alumnos, maestros y directivos, y que cada quien asuma su responsabilidadFrancisco Javier Ibarra Guel
“Lo que estamos haciendo ahora es la homologación de protocolos, pero sobre todo garantizar el seguimiento, porque muchas veces los casos se atienden de manera parcial. Queremos evitar que situaciones de exclusión o violencia queden sin resolución”, puntualizó.
Ibarra Guel adelantó que próximamente se darán a conocer los resultados de estos trabajos, los cuales buscan consolidar un esquema único de atención en el estado para garantizar la paz escolar y prevenir la repetición de incidentes.
