La propuesta estaría dirigido a personas que trabajan, producen y pagan impuestos, como campesinos, profesionistas, maestros, amas de casa y trabajadores en general
Alejandro Gómez
La Organización Nacional de Ciudadanos Emprendedores (ONCE) plantea la creación de un programa de Bienestar para la importación legal de autos extranjeros, ante la cancelación del decreto que promovía la regularización de autos de procedencia extranjera, iniciado por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista, Reyes explicó que dicho esquema está enfocado en la importación definitiva de vehículos desde la frontera, conforme a lo que establece la Ley Aduanera; la propuesta contempla que los autos ingresen al país con pedimento de importación definitiva, sin intermediarios y bajo un padrón controlado de beneficiarios.
Pero este estaría dirigido a personas que trabajan, producen y pagan impuestos, como campesinos, profesionistas, maestros, amas de casa y trabajadores en general, quienes acreditarán su actividad productiva mediante registros fiscales. “El objetivo es brindar certeza jurídica, reducir la discrecionalidad y evitar extorsiones en carreteras y puntos de revisión”, aseguró.
Francisco Javier puntualizó que uno de los ejes centrales del proyecto es la aplicación de esquemas tipo cupo para reducir aranceles y abaratar los costos de la importación legal, mecanismo que ya se utiliza en el comercio exterior para otras mercancías.
Reyes Ortiz lamentó que con dicha derogación ya no exista ningún mecanismo especial para legalizar vehículos de procedencia extranjera. Además, quienes no realizaron el trámite dentro del plazo establecido ya no podrán hacerlo y descartó cualquier posibilidad de prórroga.
De acuerdo con el dirigente duranguense, la eliminación del decreto respondió a presiones de la industria automotriz y de organismos empresariales vinculados a la venta y fabricación de vehículos, los cuales se opusieron desde el inicio al programa al considerar que afectaba al mercado formal. “A su juicio, estos intereses influyeron de manera determinante en la decisión, pese al impacto social que tuvo la regularización para millones de familias en distintas regiones del país”, sentenció.
El representante de ONCE reconoció que, si bien las familias se veían beneficiadas con este, durante la vigencia del decreto se presentaron malas prácticas y aprovechamientos indebidos por parte de gestores y organizaciones que utilizaron el esquema con fines económicos, sin haber participado en la defensa del patrimonio de las familias. Por lo cual, estas distorsiones debilitaron el programa y facilitaron su cancelación por parte del Gobierno Federal.
Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y a no dejarse engañar por supuestos gestores, al reiterar que actualmente no existe ningún programa vigente de regularización y que el debate ahora se centra en si el Estado debe o no construir una política de Bienestar que atienda una realidad social que sigue presente en amplias regiones del país.
