La iniciativa plantea definir causales específicas para revocar autorizaciones
Joshael Rojas
Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad privada, brindar certeza jurídica y establecer con claridad las causales específicas para la revocación de autorizaciones para este tipo de servicio, el diputado Iván Soto Mendía propuso reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado.
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“En Durango, la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés particular. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia un sistema de seguridad privada más transparente, responsable y alineado con el interés público”, resaltó a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Al realizar la ampliación de motivos, recordó que en Durango se cuenta con una Ley de Seguridad Privada desde el año 2016, la cual representó un avance significativo al regular el funcionamiento de las empresas del sector, definir competencias y crear un sistema de autorizaciones. Sin embargo, subrayó que toda ley es perfectible.
“El otorgamiento de una autorización para prestar servicios de seguridad privada no es una concesión ni un derecho absoluto; es un acto administrativo condicionado al interés público”, señaló al destacar que el Estado solo permite esta actividad cuando se demuestra que no representa un riesgo para la sociedad y que se cumplen estrictamente las disposiciones legales.
Por ello, se busca plasmar que son causa de revocación en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades, incorporar personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente; se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones otorgue a la autoridad documentación o información falsa.
Así como la negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada, se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito, se localicen en inspecciones o aseguren por las autoridades armas no autorizadas o de uso exclusivo del Ejército al personal de la institución de seguridad privada; se utilicen recursos de procedencia ilícita y personal participe en la desaparición forzada de persona.
Finalmente, reiteró que la iniciativa no busca criminalizar ni obstaculizar a quienes prestan servicios de seguridad privada de manera responsable y profesional, sino brindar certeza y protección a quienes cumplen con la ley, fortaleciendo al mismo tiempo el sistema de supervisión y sanciones.
