Reformas en Código Penal complican clasificación de feminicidios

“No han subido los feminicidios”, aseguró la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sonia Yadira de la Garza Fragoso, al detallar que el problema radica en una mala clasificación que se les daba, es decir, la violencia y las muertes de mujeres siempre ha existido e incluso en un número más alto que el que se tiene actualmente, sin embargo “ahora les estamos dando la debida clasificación jurídica”, dijo.

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Sin hacer señalamientos en contra de las autoridades anteriores, la fiscal general en el estado, advierte que desde su creación en el año 2011, la tipificación del feminicidio en el Código Penal ha tenido casi 50 reformas, “por año se avientan tres o cuatro”, ya que le reforman hipótesis, párrafos, le suben o bajan la penalidad, “quitan algo y luego lo regresan”, comentó.

Por lo que a la fecha se cuenta con un modelo de tipo penal casi idéntico al que pide la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), el cual ya fue entregado al Congreso del Estado y son mínimas las adecuaciones que deben realizarse para tener uno de los pocos modelos más completos que existen a nivel nacional, “ahorita cuentan con nueve hipótesis”, dijo.

“Tenemos uno reciente donde apenas se le formuló imputación y ni siquiera tengo una vinculación a proceso, entonces no puedo tener un juicio abreviado”, dijo luego de señalar que así se encuentra el caso de Ixchel, cuya familia optó por un juicio oral, lo mismo que otros dos casos.

Reiteró que todos los casos se encuentran esclarecidos, sin embargo solo ocho ya cuentan con sentencia condenatoria para los responsables, con penalidades altas según lo establecido en los casos abreviados, en 11 ya se detuvo a los responsables y solamente en uno de estos ya existe la orden de aprehensión, hay ficha roja y colaboración para dar con el feminicida, el cual ya se encuentra identificado.

Explicó que el caso del feminicidio de Lupita es un ejemplo de que las colaboraciones entre Fiscalías sí surten efecto, e incluso han capturado bajo el esquema de entrega controlada hasta cinco personas que se encontraban en Estados Unidos; mientras que la FGE ha hecho lo propio con la entrega de personas que se encuentran ilegalmente en el país y tienen problemas con la justicia norteamericana.

Explicó que en el caso de las familias que solicitan un juicio oral, no es posible tenerlo en un año ya que lleva un procedimiento tal como lo establece el Código Nacional, “los ofendidos han aceptado llevar un juicio abreviado porque esto permite avanzar más rápido en tema de justicia y empiezan a buscar cómo sanar y sobrellevar su pena. En cambio si estás tres años ahí exigiendo justicia, cada vez se enferma más la familia y empieza a sentir una impotencia”, comentó.