La munícipe caborquense aprovechó la recta para llevar sus planteamientos a la representación federal priista sonorense, con diálogos en corto con Ulises Cristópulos, Próspero Ibarra, Sylvana Beltrones, Abel Murrieta y Susana Corella.
Bien sustentada con datos, cifras, tendencias y diagnósticos, así como guardando las formas de la técnica legislativa, el diputado Epifanio Salido Pavlovich propone reformas al Código Penal para el Estado de Sonora, para que responsables de robo a casas, automóviles, extorsión y uso de armas prohibidas, no enfrenten el proceso en libertad y se les aplique prisión preventiva.
La propuesta del coordinador de la bancada del PRI fue enviada a comisión para su dictamen y de aprobarse como se espera, representará uno de los ajustes jurídicos más importantes al Nuevo Sistema de Justicia Penal y se atenderá creciente exigencia ciudadana que sufre los efectos de la puerta giratoria que actualmente opera en los juzgados y que desestimula en gran medida el ánimo popular.
Este miércoles la representación popular sonorense sesionó en Cócorit, con el fin de conmemorar el 400 aniversario de su fundación y ahí en esa bella comunidad cercana a Ciudad Obregón, el legislador priista estableció la base jurídica para que por fin los ladrones permanezcan en la cárcel hasta que cumplan su sentencia y no gocen de la prerrogativa de la libertad para seguir delinquiendo.
Como “Ley Pano” ya se conoce esa propuesta, que desde nuestra perspectiva, es nada más y nada menos lo que la gente quiere, demanda y exige, hastiada de ver en la calle a quienes hace unos días les robaron, fueron detenidos y sin embargo gozan de cabal libertad para seguir haciendo de las suyas, triste realidad que inhibe la denuncia y colaboración ciudadana con instancias de seguridad pública, además del grave riesgo de venganzas de parte de los malandros.
Es que tiene toda la razón el popular diputado, porque sin duda resulta chocante para la gente decente, el que detenidos por delitos de casa habitación, robo de vehículos, la extorsión y el uso de armas prohibidas como los machetes, por regla general salgan libres y andar en la calle mientras se le juzga, como si esa persona no hubiera hecho nada.
Urgió que esos delitos deben ser considerados graves para que los imputados lleven su juicio en prisión, toda vez que “Las leyes deben garantizar seguridad a los ciudadanos y castigo a los delincuentes”, dijo al subrayar la necesidad de legislar en favor “del lado de quien debemos estar, y ese es el lado de las familias sonorenses y su gente honrada”, añadió.
Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ese tema ha sido muy debatido y objeto de sesudos análisis, toda vez que los efectos de la laxitud sancionadora contra ese tipo de delitos, además de inhibir y frustrar al ciudadano, desestimula el accionar de instancias de procuración de justicia y lo peor, hace cuerudos y cínicos a los malandros.
Así las cosas, llevar al Congreso del Estado una propuesta de reforma como la descrita, aterriza donde debe de aterrizar la solución a ese problema e incluso a ese diferendo, porque como se sabe, hay quienes se han opuesto al endurecimiento de penas, sin importarles que esos delitos de orden patrimonial sean los principales factores que abonan mucho a la incertidumbre de los ciudadanos.
Bien por la 61 Legislatura de Sonora y bien por la promoción del diputado Rafael Buelna para llevar el pleno a esa emblemática comunidad y fuera de la sede tradicional en Hermosillo, aunque poco variaron las cosas, ya que aparte de la gran importancia social de la propuesta de “El Pano”, en el resto del orden del día se mantuvo esa mañita de los recurrentes exhortos que son más o menos que la Carabina de Ambrosio, pero que sirven para que algunos representantes populares tengan pinchurrientos cachitos de gloria.
Mientras tanto, vaya que sigue dando mucho de qué hablar de “La Toma de San Lázaro” que encabezó el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que acompañado de más de un centenar de munícipes de todo el país, exigió que en la formulación del presupuesto federal del 2018, se apliquen criterios municipalistas y se incluyan partidas para pavimentación, seguridad pública, entre otros rubros, bajo una perspectiva de rescate financiero para la instancia de gobierno primera respondiente a las demandas de la gente.
Como se sabe, “El Maloro” preside la Federación Nacional de Municipios de México y la cosa se puso mejor porque en esa movilización también participó el presidente de la Comisión Nacional de Municipios de México, Juan Hugo de la Rosa, para de esa forma dar representatividad a casi todo el espectro de los ayuntamientos de este país.
Habrá que ver si sus exigencias tienen eco en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero por lo pronto fueron recibidos por el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se comprometió a nombre de la Cámara de Diputados, a programar mesas de trabajo para cada uno de los temas expuestos, desde el hacendario hasta los relacionados con la infraestructura y la seguridad.
Valga destacar que “El Maloro” ya tiene mucho camino andado en su relación e incluso amistad con Ramírez Marín, toda vez que cuando el munícipe de Hermosillo fue titular del Registro Agrario Nacional, el ahora diputado federal fue su superior jerárquico como secretario de la Sedatu.
De por aquellos rumbos se reportó la alcaldesa de Caborca, Karina García Gutiérrez, quien como se sabe, batalla para avanzar en la reconstrucción del desastre que le heredaron la corrupción e incompetencia de continuadas administraciones del PAN en ese municipio e insistente gestora para que los ayuntamientos reciban un mejor trato del Estado y la Federación.
Se trata revertir la tendencia presupuestal de los últimos años que ha llevado a la desaparición de fondos especiales de apoyo a los ayuntamientos y en cambio, establecer un fondo para el desarrollo de planes de protección civil en ciudades de riesgo a sismos y otros desastres naturales, restituir y ampliar el fondo de pavimentación municipal, reforzar la presupuestación en materia de seguridad pública y aprobar el Programa Nacional de Capacitación y Profesionalización Municipal.
Así como García Gutiérrez, otros alcaldes de Sonora se sumaron a “La Toma de San Lázaro”, ya que en el abundante material gráfico de ese evento, divisamos por ejemplo a los alcaldes de Moctezuma, Héctor Sagasta; al de Cananea, Fernando Herrera; el de Huatabampo, Heliodoro Soto; de Etchojoa, Ubaldo Ibarra; de Magdalena, Luis Alfonso Robles, entre otros.
Por otra parte, en materia de contrastes resulta dramático el antes y el ahora en todos los rubros del ejercicio del Gobierno estatal, que en lo que se refiere al sector educativo, vaya que hay diferencias ya que como se sabe, ese fue uno de los principales objetos de la vocación depredadora del PAN como gobierno y ahora el objetivo de rescate más importante para la gobernadora Claudia Pavlovich.
Este miércoles por la mañana estableció dichos contrastes el titular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins, en el marco del ejercicio comunicativo para profundizar en el conocimiento del contenido del Segundo Informe de gobierno y donde se dieron a conocer datos y cifras de los resultados de hacer las cosas con honestidad y eficiencia.
De estar en la lona y prácticamente en los últimos lugares en los diversos índices y mediciones, tanto en aprovechamiento escolar, desempeño docente, gestión administrativa, matrícula, inversión en infraestructura y mobiliario, como en coordinación y colaboración con el sindicalismo magisterial, en poco más de dos años, Sonora destaca a nivel nacional ocupando los primeros lugares.
Ilustrativa y muy informativa la comparecencia del popular “Pato de Lucas”, quien desplegó su reconocida facilidad para comunicar los resultados de las políticas públicas implementadas por la gobernadora en este sector, destacando que a diferencia de los años del padrecismo, el programa de uniformes escolares dejó de ser el botín de unos cuantos y además su distribución se hace a tiempo.
En su comparecencia ante representantes de medios de comunicación, el eficiente titular de la SEC fue acuerpado por Víctor Guerrero, subsecretario de Educación Básica; el subsecretario de Educación Media superior, Onésimo Mariscales, entre otros integrantes de su equipo.
