Cada vez que se anuncia un golpe al crimen organizado vemos la misma escena: el funcionario en el podio, los logotipos detrás y los decomisos alineados como trofeos. Pero lo que casi nunca aparece en esa fotografía es la madre que escarba con las manos un monte de Jalisco buscando a su hijo, la mesa forense desbordada de cuerpos sin nombre, o el colectivo de búsqueda que no ha recibido una sola llamada del gobierno en meses.

El anuncio oficial sobre la neutralización de El Mencho fue presentado como un hecho de seguridad de alto impacto. Sin embargo, más allá de la narrativa oficialista —y al margen de las dudas razonables que aún rodean los detalles y alcances reales del operativo—, analizar el episodio únicamente como un triunfo del Estado es leer a medias una historia que tiene muchas más páginas, y casi todas escritas con tinta de impunidad.

Esa lectura incompleta es la que contrasta con la experiencia de quienes padecen la violencia en carne propia y con el trabajo de las organizaciones civiles que desde hace años documentan lo que los gobiernos prefieren no contabilizar. Porque al comparar el primer piso y el segundo, lo que emerge no es una historia de continuidad virtuosa ni de ruptura heroica, sino la de dos administraciones distintas que comparten, con matices, la misma incapacidad —o falta de voluntad— para colocar a las víctimas en el centro de la política de seguridad.

El operativo del 22 de febrero, coordinado en un lapso breve e involucrando a los tres órdenes de gobierno, logró desactivar en menos de doce horas, según cifras oficiales, cerca del 90% de los 252 bloqueos registrados. El contraste con el primer piso es evidente. Durante esa administración se registraron más de 200 mil homicidios dolosos, la cifra más alta de un sexenio en la historia reciente del país. El episodio del culiacanazo —la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, tras la presión armada del Cártel de Sinaloa— quedó como el símbolo más elocuente de una estrategia que confundió tolerancia con pacificación.

En el primer año del llamado segundo piso se marcó un récord histórico en desapariciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a febrero de 2026 el acumulado supera ya las 16 mil personas desaparecidas y no localizadas. A diferencia del homicidio, la desaparición es políticamente más maleable: no siempre hay cuerpo, no siempre hay carpeta y, con frecuencia, tampoco hay estadística inmediata. Esa oscuridad ha sido aprovechada sistemáticamente por ambos pisos.

La respuesta gubernamental, lejos de disipar dudas, ha resultado desconcertante. En marzo de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó, por primera vez en su historia, el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional, para evaluar si en México las desapariciones ocurren de manera generalizada y sistemática. El oficialismo negó categóricamente la existencia de desaparición forzada desde el Estado. La ONU, los colectivos de madres buscadoras y numerosas organizaciones civiles sostienen lo contrario.

Ambos gobiernos han gobernado en nombre de una transformación que prometió poner a las personas en el centro, y ambos han fallado a las víctimas en los aspectos más elementales del Estado de derecho. El primero, por omisión y por una ideología que confundió negociación con tolerancia. El segundo, por una estrategia militarizada que produce resultados visibles en el corto plazo, pero que tiende a reproducir el ciclo de violencia, opacidad e impunidad en el largo plazo.