México es uno de los países más expuestos a desastres naturales lo que implica un peligro constante para la población y obliga a los tres órdenes de gobierno a emprender acciones para la adecuada gestión de riesgos. 

En 2020 el FONDEN dejó de funcionar como fideicomiso para convertirse en un fondo dentro del ramo 23, tal y como existía en 1999: sin reglas de operación y sujeto a que la Secretaría de Hacienda realice las transferencias según sus criterios y suficiencia presupuestaria, y no con base en criterios técnicos y necesidades reales y específicas.

Por desgracia, desde el pasado 9 de octubre el huracán Priscilla provocó lluvias torrenciales que afectaron prácticamente a todo el país, siendo los estados más dañados Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

Aún es pronto para calcular las consecuencias de este fenómeno natural, sin embargo, al momento se ha registrado el fallecimiento de 64 personas y más de 60 desaparecidos, de ellos, 21 muertos y 43 desaparecidos corresponden al estado de Hidalgo. 

Los estados afectados por este nuevo desastre natural no pueden esperar a que los trámites burocráticos y la suficiencia presupuestaria les permita atender la emergencia y posterior reconstrucción y recuperación. 

Es un hecho que a partir de que Morena gobierna, se ha reducido el gasto para la atención de desastres naturales, trabajos de reconstrucción y reactivación económica y con toda claridad podemos ver que la desaparición del fideicomiso del FONDEN fue un error, que debe corregirse. 

Hasta ahora el Fondo de Desastres Naturales es inoperante y opaco, igual que lo es el Fondeo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). 

La recuperación de las ciudades y comunidades afectadas por algún desastre natural no se logrará con dádivas personales. Se requieren recursos, muchos recursos que, por cierto, hoy son muy escasos en el país.