Bajo lupa, Comisión de Transparencia

En las afueras de la FGR, el aspirante explicó que al no haber atendido la medida cautelar ordenada por el juez de distrito, la legisladora configuró un segundo delito de forma flagrante.

Recordó que el 10 de enero se le notificó a la legisladora que debía realizar las acciones pertinentes para que todo volviera al estado en que se había quedado (no tomar protesta a los nuevos comisionados), notificación de la que hizo caso omiso.

Al tiempo, desmintió a la diputada, quien afirmó que el juez de distrito le ordenó continuar con el procedimiento, “eso sí lo quiero decir, es falso, tengo copias certificadas del expediente y es mentira que le hayan notificado que ella podía continuar con el procedimiento”.

Detalló que la ley de amparo en el artículo 262 establece que cuando las autoridades sean rebeldes o se resistan a dar cumplimiento a las resoluciones, se configura un nuevo delito.

Así como se presentó la denuncia ante la FGR, el aspirante adelantó que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un incidente de inejecución de sentencia, ya que considera que hay una serie de violaciones a los derechos humanos, además de discriminación porque no se le ha dado un trato justo.

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Aseguró que su único interés es que los diputados, en este caso los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se apeguen a la ley y actúen como autoridad, toda vez que él nunca fue notificado sobre los motivos por los cuales no pasó a la siguiente etapa, cuando considera que sí posee los conocimientos y la experiencia.

A cambio, solo recibió una llamada telefónica para que presentara mayor información, lo cual sí hizo, y a pesar de eso, su propuesta fue desechada. Por lo que reiteró que presentó la denuncia por el delito.