Cantamayé, una comunidad sin agua potable

Ubicada en las faldas del cerro de la Muñeca, en el Norte de Ixmiquilpan, los pobladores no pierden la esperanza

Cantamayétres — En días recientes recibieron una comitiva encabezada por la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras / Cortesía vecinos.

Omar Santiago

La actual delegación municipal dirigida por la delegada Juana Licona, el comité de obra presidido por Bernardó Pérez, de la comunidad indígena de Cantamayé, han hecho los trabajos de gestión y se han organizado para cumplir con los pobladores y así alcanzar el derecho humano al agua potable.

Este pueblo se localiza en las faldas del Cerro de La Muñeca al norte de Ixmiquilpan, donde es el límite natural entre el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, lugar donde convergen el calor del desierto y la humedad del bosque.

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En esta comunidad los pobladores nunca han visto brotar de la llave agua potable, por lo que la ilusión de que en el año 2024 puedan por primera vez ver salir agua por las tuberías, será histórico.

Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho al agua:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho y la ley definirá las bases, apoyos, modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, dice el precepto constitucional.

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Las autoridades comunitarias, en días recientes recibieron una comitiva encabezada por la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, para realizar una supervisión por la obra del Sistema de Agua Potable, la cual se encuentra en una tercera etapa de un total de cuatro.

Según datos del gobierno municipal la tercera etapa tendrá un costo superior a 3.5 millones de pesos, una inversión bipartita entre el los gobiernos municipal y federal y beneficiará a siete comunidades.