De acuerdo con los ponentes, la solución involucra tanto a los ciudadanos como al sector público
Ignacio García
El académico y activista, Everardo Chiapa Guillón, consideró que el tema de la corrupción será un punto fundamental en el próximo proceso electoral en el que se renovarán los 84 ayuntamientos, ya que también se pueden incurrir en prácticas nocivas a la democracia.
Durante el foro Sistema Anticorrupción y Gobierno Abierto en México que se desarrolló en la Fundación Arturo Herrera Cabañas organizado por la Red de Inteligencia CO+MÚN, el también director de proyectos de la Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social local señaló que el tema de la corrupción puede ser un punto prioritario que aborden los candidatos a las alcaldías, ya que, pese a que es un fenómeno que no se puede erradicar, sí se puede controlar.
De acuerdo con el activista, los aspirantes deben tratar como una prioridad en las agendas de los candidatos a las alcaldías el tema del combate a la corrupción para fortalecer a las instituciones, pues incluso los partidos políticos o los candidatos pueden intentar cooptar el voto por medio de actos corruptivos en los comicios.
Agregó que la percepción de la corrupción entre los ciudadanos es similar la que acontece entre los municipios que en el sector estatal o federal, pues en general los mexicanos se perciben como un país corrupto, según datos del índice de Transparencia Internacional, ubicado entre los últimos lugares a nivel mundial.
También consideró que algunas asociaciones civiles “caen en trampas” con las invitaciones que les realizan los gobiernos y por ello se comprometen a unirse a las iniciativas del Poder Ejecutivo, por lo que siempre son las únicas organizaciones que inciden en las tomas de decisiones, mientras que hay otras que por falta de organización no lo hacen.
Por su parte, el investigador del Colegio de Hidalgo, Mario Alberto Velázquez García, dijo que la corrupción debe ser comprendida como un fenómeno social que no solo afecta a los gobiernos y al sector público, pues los ciudadanos son corresponsables del mismo e incluso lo justifican como acto en el que reciben algún beneficio, por lo que los sistemas de corrupción solo funcionan cuando son independientes, transparentes y con facultades legales contra los corruptos.
