Ambientalistas cuestionan efectividad de este gravamen para financiar saneamiento de la región
Rosalía Maldonado
En su opinión, las sanciones económicas por incumplimiento son más efectivas, ya que “las multas permiten que el gobierno recupere dinero y obliga a las empresas a acciones de remediación”.
La contaminación generada por la actividad industrial en la región Tula ha llevado a ambientalistas a sugerir la implementación de impuestos “ecológicos” por parte del gobierno estatal, con lo que se financiarían acciones de saneamiento en la zona. Sin embargo, especialistas y organizaciones como la Sociedad Ecologista Hidalguense (SEHI) no consideran que esta sea una medida aconsejable.
Según Marco Moreno Gaitán, presidente de la SEIH, “la carga tributaria en los temas ambientales hace que se ponga más atención a lo que se recauda, y entonces el cumplimiento de la Ley se vuelve secundario”. Y agregó: “Los impuestos ambientales pierden su finalidad al ser reconocidos sólo como una herramienta de recuperación económica”.
Además, refirió que en el caso de México, por ejemplo, dos impuestos son reconocidos como ambientales, aun cuando su aplicación no ayuda, son el ISAN (Impuesto sobre automóviles nuevos) y el IEPS (Impuesto especial sobre producción y servicios) a las gasolinas y diésel, plaguicidas y carbono.
Otros gravámenes que se señalan como ambientales, dijo, están relacionados con la extracción de materiales pétreos y la descarga no controlada de aguas residuales y la verificación vehicular, pero ninguno ha dado resultados positivos para el ambiente, solo en materia de recaudación.
Moreno Gaitán señaló, en ese sentido, que están impulsando una reforma integral del medio ambiente, que incluya la incorporación de competencias ambientales en la Constitución y la reducción de las leyes existentes a un compendio ambiental, con lo cual desaparecería la Secretaría del Medio Ambiente.
