FGR determinará la culpabilidad

A tres años de los lamentables hechos ocurridos, el gobierno del estado cumplió con las familias dolientes

GASOLINAZO 2 — El enfrentamiento también dejó varios vehículos oficiales inservibles. / Cortesía | CUARTOSCURO

Alma Leticia Sánchez / El Sol de Hidalgo

IXMIQUILPAN, Hgo.- Se cumplieron tres años del enfrentamiento por el entonces “gasolinazo” y el secretario de Gobierno del Estado, Simón Vargas Aguilar, dijo que las investigaciones de la Fiscalía General de la República serán las que determinen la culpabilidad de los “lamentables hechos”, donde dos ixmiquilpenses perdieron la vida.

En entrevista, el funcionario público manifestó que el gobierno estatal cumplió con los acuerdos pactados hace tres años, cuando se confrontaron policías federales con miles de habitantes en protesta, al alza del combustible.

Puntualizó que el dialogo con las familias de ambos jóvenes que perecieron en esa tarde del 5 de enero del 2017, fueron ininterrumpidas.

No sólo con ellos, “sino también con otros grupos de la sociedad. La participación no sólo en Ixmiquilpan, sino en todo el Estado es amplia. El gobernador del Estado estableció desde un inicio de la administración ser un gobierno abierto, de amplia coordinación con todos los sectores de la población y Omar Fayad nos ha dicho: hay que mantener las líneas de comunicación con todos lados”.

Incluso, mencionó estar receptivos a la crítica positiva.

Respecto al cumplimiento en los acuerdos con familiares de ambas víctimas, reiteró que todo se ha cumplido.

Detalló el apoyo en viviendas, con empleos, mucha obra, servicios, becas.

A pregunta expresa, especificó que en el tema de la indemnización le corresponde a quien resulte responsable de los daños cometidos.

Y las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, “porque se pudo acreditar que no fueron elementos de la policía estatal quienes ocasionaron estos lamentables hechos, porque la policía estatal por instrucciones del gobernador estaba desarmada”.

Recordó que los agentes estatales quedaron deslindados de responsabilidad desde el primer año suscitado el acontecimiento.

“La Procuraduría de Justicia del Estado turnó el caso a la Fiscalía”, concluyó al precisar que ninguna persona fue beneficiada con un salario, “no ha habido, ni habrá. Fue únicamente beneficios sociales”.