Hidalgo: Fiscal Anticorrupción presenta primer informe

Recalcó que desde su trinchera se suma al compromiso en el total combate a la corrupción

CORRUPCION F WEN (1)_CMYK — Comenzaron con mejorar desde el interior de la Fiscalía / Wendy Lazcano

Maximiliano Pérez

Catorce delitos persigue la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ayer su titular, Alicia Medina Castelazo, rindió el primer informe de actividades desde que tomó el cargo, en octubre del año pasado.

La fiscal recalcó que desde su trinchera se suma al compromiso que tiene la actual administración en el total combate a la corrupción y que nunca antes se había evidenciado tanta cometida por administraciones anteriores, aunque dijo, no es nuevo ver funcionarios desviando recursos, a costa del erario público.

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Por ello informó que el primer paso para mejorar, más allá de la procuración de justicia fue reestructurar la Fiscalía, para así hacer que la ciudadanía confíe legitimando con sentencias condenatorias y acciones eficientes.

La Fiscalía Anticorrupción en Hidalgo se creó en el año 2017 y la primera mujer al mando es precisamente la Fiscal Alicia Medina, quien informó que en un año al frente se han iniciado 484 carpetas de investigación, de las cuales, 41 están judicializadas.

En total existen dos mil 432 carpetas que tienen que ver con posibles delitos de corrupción, agregando que la cifra incrementó debido a que la ciudadanía ahora tiene mayor confianza para acudir a denunciar ante el Ministerio Público.

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La funcionaria hizo énfasis en que el combate a la corrupción requiere un trabajo interinstitucional y atenderá principalmente las denuncias que tienen que ver con las corporaciones policiacas, “porque es común ver los abusos de las policías haciendo que la ciudadanía desconfíe de quienes se supone deben de cuidarnos”, dijo.

Como parte de la reestructuración de la Fiscalía se contempló la elaboración de manual operativo para mejorar la eficiencia, establecer estándares de calidad, impulsar la formación continua y asegurar la consistencia en la aplicación de la ley.

Se amplió la plantilla laboral y ahora hay 77 personas capacitadas para atender los actos de corrupción y también se ha renovado el parque vehicular.