Mejora Hidalgo en Índice de Estado de Derecho: WJP

El WJP evaluó una serie de rubros para medir el respeto del Estado de Derecho como los límites al poder gubernamental, en el cual se ubicó con 0.45 unidades situándose en el noveno lugar, mientras que en ausencia de corrupción registró 0.38 puntos, por lo cual se posicionó en el décimo tercer lugar.

En cuanto a Gobierno Abierto, Hidalgo obtuvo 0.54 unidades, por lo cual se ubicó en el sexto lugar nacional; en Derechos Fundamentales con 0.49 unidades, con lo cual se situó en el décimo cuarto lugar a nivel nacional; en Orden y Seguridad alcanzó 0.64 puntos, su mejor indicador de evaluación, posicionándose en el sexto puesto.

Con respecto a Cumplimiento Regulatorio, la entidad se ubicó en el vigésimo sexto lugar a nivel nacional con 0.34 unidades; mientras que Justicia Oral con 0.34 puntos fue el vigésimo segundo lugar, y en Justicia Penal con 0.37 unidades en el décimo octavo puesto de evaluación.

Para la elaboración del Índice de Estado de Derecho, el WJP midió 41 indicadores de resultados que reflejan las experiencias cotidianas y percepciones de las personas que viven en las entidades a través de tres tipos de información como son encuestas a población en general, encuestas a especialistas y estadísticas oficiales obtenidas de distintas instituciones.

Al respecto, la secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH), Gabriela Sánchez Mendoza, consideró que en la entidad se garantiza el Estado de Derecho a través del fortalecimiento del marco jurídico existente y con la implementación de la política estatal anticorrupción.

La representante del SEAH señaló que con las recientes aprehensiones de alcaldes y ex funcionarios estatales vinculados al esquema de corrupción conocido como “La Estafa Siniestra” mejorará Hidalgo en cuanto a los indicadores de combate a la corrupción, así como a respeto del marco legal de la entidad.

Sin embargo, también reconoció que se necesitan más reformas en cuanto a la reducción de actos de corrupción como garantizar que los titulares de los órganos de control interno municipales sean electos a través de un sistema profesional de carrera y no mediante intereses políticos que pueden incidir en la normalización de hechos corruptivos.