Piden pena máxima para extesorero

Se le imputa el delito de peculado por un monto de 5 millones 500 mil pesos

JUSTICIA — Ministerio público adscrita a la Fiscalía Anticorrupción / VERÓNICA ANGELES

Verónica Angeles

Por desviar recursos de la administración pública, el ministerio público solicitó una pena de prisión de 12 años para el exsecretario de Administración y Finanzas del ayuntamiento de Mineral de la Reforma, a quien se le imputa el delito de peculado por un monto de 5 millones 500 mil pesos.

Durante la audiencia de tipo Intermedia, la agente del ministerio Público, Carolina Arreola Barrón, pidió la pena máxima, así como la penal multa de 500 unidades de medida de actualización; inhabilitación para ejercer en actividades públicas, reparación de daño por un monto de 5.5 millones de pesos. Asimismo, pidió dos tantos del monto que se le imputa por concepto de afectación patrimonial, lo que asciende a 11 millones 100 mil pesos, y pidió al juez se le obligue a comprometerse con no volver a incurrir en una conducta similar, además de una disculpa pública.

Carolina Arreola Barrón narró que C.G.N.N., extesorero de Mineral de la Reforma, en conjunto con Filiberto Hernández Monsalvo, transfirieron recursos de la cuenta del FAISM (Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal a la de Recursos Propios, a pesar de que está prohibido por la Ley de Coordinación Fiscal, ya que debieron ser utilizados en infraestructura o en obra pública. Por lo anterior, se señala al acusado de distraer de su objeto dinero público, ya que su obligación como servidor era vigilar la aplicación y custodiar los recursos.

En respuesta, el defensor del acusado aseguró que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción no podrá acreditar que el extesorero haya sido responsable de los hechos, ya que a la fecha en que ocurrieron las transferencias que fue del 13 de mayo al 19 de junio de 2015, él ya no formaba parte de la administración de Mineral de la Reforma.

“Mi defenso no distrajo la cantidad monetaria que se le imputa porque ingresó su renuncia al cargo al día 11 de mayo de 2015 y el 14 de mayo llegaron a un convenio de finiquito por el cual se le expidieron diferentes recibos. La Fiscalía no podrá acreditar el delito, mucho menos la responsabilidad de mi cliente”, expresó.