La legisladora local manifestó que debe censarse a la población damnificada
Ignacio García
El gobierno federal declaró estado de emergencia en los nueve municipios más afectados por las inundaciones de Tula ocurridas el pasado 7 de septiembre, donde resultaron afectados más de 38 mil personas y se cuantificaron más de seis mil 500 millones de pesos.
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres González, propuso un acuerdo económico para exhortar a la Delegación de Programas Sociales en el estado para que se desarrolle un programa que atienda a los damnificados por las recientes inundaciones ocurridas en la región de Tula.
La legisladora priísta señaló que el gobierno federal a través de la delegación de los programas sociales debe atender a la población más afectada con base en las distintas reglas de operación para beneficiar de forma directa e inmediata a las personas afectadas por las inundaciones.
De acuerdo con la representante del distrito de Zacualtipán, se deben implementar acciones específicas para censar a la población damnificada de la región Tula, así como de los otros municipios que fueron afectados por las recientes lluvias y de esta manera destinar recursos económicos necesarios para las familias.
Indicó que se debe ejecutar un plan integral de rescate de las zonas afectadas en el municipio para apoyar a las personas que se dedican a la ganadería, agricultura y otros oficios adicionales, que les permita allegarse recursos económicos ante las pérdidas de áreas de cultivo y ganado ocasionadas por las lluvias.
Manifestó que el gobierno federal no puede ejecutar todos los recursos económicos para atender a la población damnificada, por lo que enfatizó la importancia de contar con el apoyo del gobierno federal para que se cuenten con recursos económicos necesarios para apoyar los nueve municipios de la región.
Los diputados locales del PRI apenas solicitaron al gobierno federal resarcir el daño ecológico ocasionado por el envío de aguas negras provenientes del Valle de México, así como las distintas empresas que son de regulación federal como la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
