Durante debate en la universidad sobre la iniciativa a la Ley de Amparo, academico manifestó que genera preocupaciones
Alma Leticia Sánchez
No obstante, advirtió que, aunque la iniciativa contempla avances significativos, existen dos puntos que podrían afectar la protección de los derechos fundamentales si no se aplican con prudencia.
“No es cierto que el juicio de amparo haya sido eliminado, permanece como una herramienta clave para la defensa de los derechos humanos. Como ocurre en muchos casos, los abusos han provocado intentos por limitarlo; tal vez no sea el mejor camino, pero se pueden entender las razones”, manifestó el académico de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Ulises Pacheco Gómez, durante un debate a propósito de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
El juicio de amparo no desaparece con la reciente reforma propuesta a su Ley, aseguró el docente.
Entre los aspectos positivos de la reforma, el académico destacó la digitalización del trámite, que permitirá presentar y dar seguimiento a demandas por vía electrónica, lo que reducirá costos, tiempos y el uso de papel. Este cambio, agregó, contribuirá además a controlar prácticas abusivas por parte de grandes contribuyentes que solían interponer múltiples amparos sobre un mismo asunto en distintos juzgados.
Entre los aspectos positivos de la reforma, el académico destacó la digitalización del trámite, que permitirá presentar y dar seguimiento a demandas por vía electrónica, lo que reducirá costos, tiempos y el uso de papel. Este cambio, agregó, contribuirá además a controlar prácticas abusivas por parte de grandes contribuyentes que solían interponer múltiples amparos sobre un mismo asunto en distintos juzgados.
Respecto a la retroactividad de la ley, uno de los temas más sensibles, Pacheco Gómez, destacó que fue corregida tras el llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, eliminando la ambigüedad del artículo transitorio tercero y con ello se aseguró que la nueva ley solo aplicará a los juicios iniciados después de su entrada en vigor, sin afectar procesos en curso.
Como parte de los cambios que buscan mejorar el funcionamiento del juicio de amparo, se establecen plazos más estrictos para que las y los jueces emitan resoluciones, lo cual podría traducirse en mayor agilidad procesal. Además, se restringe el uso de la suspensión del acto reclamado, sobre todo en materia fiscal y prisión preventiva, porque este recurso se ha utilizado de manera estratégica para prolongar actos ilícitos o entorpecer políticas públicas.
Ante este panorama, el docente Garza subrayó que, ahora que la Cámara de Diputados analiza la propuesta, lo ideal es que hagan ajustes para no castigar a la mayoría por los excesos de unos pocos, para que al enviarse al Senado, impacten positivamente en la Ley de Amparo Reglamentaria, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
