Presienta del Comité Directivo Estatal de Morena
@79adrix
En los últimos años, el debate público en México ha girado en torno a una pregunta central: ¿para quién sirve el poder? Durante décadas, el sistema político fue diseñado para beneficiar a unos cuantos, mientras la mayoría de la población enfrentaba carencias estructurales; hoy, con la presentación del llamado Plan B de la Reforma Electoral por parte del Gobierno de México, se abre una nueva etapa en la discusión sobre el uso del poder público, sus límites y su verdadero propósito.
La propuesta, impulsada desde la administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y explicada por la secretaria de gobernación , plantea un cambio de fondo: dejar atrás el modelo de privilegios para avanzar hacia un enfoque humanista, donde el centro de las decisiones sea la dignidad y el bienestar de las personas.
En el corazón del Plan B se encuentra la austeridad republicana, entendida no como una medida de recorte indiscriminado, sino como un acto de justicia; durante años, organismos electorales, congresos locales y ayuntamientos operaron con presupuestos que poco tenían que ver con la realidad de millones de mexicanos, la iniciativa de establecer un tope del 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales busca poner orden en ese gasto y eliminar disparidades que resultaban ofensivas frente a las necesidades sociales.
De igual forma, la reducción del número de regidurías en los municipios, de entre siete y un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio, responde a la necesidad de construir gobiernos más eficientes y menos cargados de cuotas políticas, se trata de desmontar estructuras que, lejos de servir a la ciudadanía, funcionaban como espacios de negociación y reparto de posiciones.
Sin embargo, el cambio más significativo es también el más simbólico: el fin de los privilegios en la función pública, establecer que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta, no solo corrige una desigualdad, sino que envía un mensaje contundente: el servicio público no es un espacio para el enriquecimiento, sino para la responsabilidad; la eliminación de bonos, seguros privados y prestaciones discrecionales termina con prácticas que durante años inflaron el gasto público sin justificación social.
Este enfoque humanista también se refleja en el destino de los recursos, los ahorros generados por estas medidas no se concentran en la burocracia, ni se diluyen en el gasto corriente, por el contrario, se plantea que permanezcan en los territorios, destinándose a obras de infraestructura social: agua potable, drenaje, pavimentación y espacios públicos, es decir, se invierte en aquello que impacta directamente la vida cotidiana de las personas.
Otro componente fundamental del Plan B es el fortalecimiento de la democracia participativa, la ampliación de la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno representa un avance en el derecho ciudadano a evaluar y, en su caso, retirar la confianza a sus gobernantes. Este mecanismo reafirma un principio esencial: el poder emana del pueblo y debe responder permanentemente a él.
A la par, la reforma impulsa una fiscalización más estricta y transparente de los partidos políticos, la obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real, la prohibición del uso de efectivo y de recursos de origen ilícito o extranjero, así como la colaboración con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, apuntan a cerrar espacios a la corrupción electoral, la transparencia deja de ser un discurso para convertirse en una herramienta efectiva de control.
Asimismo, la modernización de los procesos electorales, mediante el uso de tecnología y la agilización de los cómputos, busca reducir riesgos de manipulación y fortalecer la certeza en los resultados; en un país donde la confianza en las instituciones ha sido históricamente frágil, estos cambios resultan fundamentales.
No se trata únicamente de ajustes técnicos o administrativos, el Plan B representa una confrontación directa entre dos visiones de país: una, basada en el privilegio, el dispendio y la concentración del poder; otra, centrada en el humanismo, la austeridad y la participación ciudadana, es, en esencia, una disputa por el sentido mismo de la democracia, romper con el viejo régimen implica ir más allá de los discursos, significa tocar intereses, desmontar estructuras y redefinir prioridades; en ese camino, esta reforma se presenta como un paso más en la consolidación de un proyecto que busca devolverle al pueblo lo que durante años le fue arrebatado.
El reto, sin embargo, no termina con la aprobación de leyes, la verdadera transformación radica en su implementación y en la vigilancia constante de la ciudadanía, porque si algo deja claro este momento, es que la democracia no se agota en las urnas: se construye todos los días, entre la exigencia social y la responsabilidad del poder público; en esa tensión permanente entre humanismo y privilegios, México define hoy el rumbo de su futuro. La esperanza nos une.
