Todos los días, decenas de trabajadores se enfrentan al mismo panorama de María, atrapados en una contradicción imposible de sostener.
¿Se debería calificar en México, la salud mental laboral como riesgo de trabajo?
La desconexión entre la normativa laboral (STPS) y la seguridad social (IMSS) crea un estado de indefensión sistémica. La existencia de la NOM-035 es inocua para efectos de pensión si no tiene vinculación jurídica con la calificación de riesgos.
María es analista administrativa en una empresa mediana. Jornada completa, escritorio, aire acondicionado; durante meses duerme mal y tiene crisis de ansiedad, taquicardia, dificultad para concentrarse. Su médico particular lo dice claro: tienes estrés laboral crónico. Cuando acude al IMSS, el diagnóstico
se confirma, pero el origen cambia: no es trabajo, es enfermedad general. María sale con una incapacidad al 60% de su salario, sin reconocimiento del daño laboral, sin responsabilidad patronal, sin impacto en la prima de riesgo de la empresa. Su cuerpo acusa el golpe, pero el sistema no ve riesgo alguno.
La narrativa oficial de la salud laboral en México sostiene una contradicción insostenible: mientras que datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo sitúan a México como el país con mayor estrés laboral a nivel mundial, afectando a 75% de su fuerza laboral por encima de China, con 73%, y Estados Unidos, con 59%; las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social presentan una realidad estadística inverosímil. Al analizar las estadísticas del IMSS (2022-2023), se observa que, de los más de 500 mil riesgos de trabajo calificados anualmente, las enfermedades mentales y del comportamiento representan menos de 1.5% del total. Esta discrepancia estadística es derivada una barrera jurídica.
El obstáculo procesal que impide la calificación del estrés, síndrome de Burnout o CIE-11 QD85 como Riesgo de Trabajo se encuentra en la interpretación restrictiva del Artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, en correlación con el Artículo 43 de la Ley del Seguro Social. La ley exige la demostración de una relación causa efecto directa (nexo causal).
En la práctica forense, esto impone al trabajador una carga probatoria desproporcionada. La jurisprudencia mexicana ha establecido históricamente que corresponde al trabajador demostrar la profesionalidad de la enfermedad cuando esta no se presume de oficio. Aquí radica el problema, aunque la reforma de 2023 a la Tabla de Enfermedades (Art. 513 LFT) incluyó los trastornos de ansiedad (Fracción 16, Grupo II), la Cédula de valuación sigue operando bajo criterios subjetivos.
Los médicos de Medicina del Trabajo del IMSS suelen rechazar la calificación RT, amparándose en la multifactorialidad de los padecimientos mentales. Estadísticamente, el rechazo se fundamenta en la presencia de factores de confusión, deudas, problemas familiares, antecedentes genéticos. Jurídicamente, esto contraviene el principio in dubio pro operario. Sin embargo, en el litigio administrativo, el IMSS gana la mayoría de estos casos en la etapa de dictaminación inicial porque el trabajador carece de los medios para desvirtuar el peritaje institucional.
La batalla legal se ha trasladado a los Tribunales Colegiados de Circuito y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es imperativo citar la Tesis Aislada I.13o.T.182 L (10a.) con registro digital 2013146, que establece que cuando el trabajador demanda el reconocimiento de una enfermedad profesional y el perito médico determina que el padecimiento es de origen multicausal, debe analizarse preponderantemente el medio ambiente laboral.
A pesar de este criterio, existe una laguna operativa. Los juicios de nulidad contra resoluciones del IMSS, negativa de pensión, suelen estancarse por la falta de peritos en psiquiatría forense laboral. Un análisis de sentencias del TFJA muestra que en disputas sobre enfermedades musculo esqueléticas, el trabajador obtiene sentencia favorable en aproximadamente 60% de los casos; en enfermedades mentales, la tasa de éxito cae por debajo del 20%.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios como la Tesis 1a. CCXV/2014 (10a.) sobre el derecho a la salud y su protección más amplia, pero estos criterios constitucionales chocan con la rigidez del reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Los amparos indirectos promovidos contra la omisión del IMSS de reconocer los factores psicosociales (NOM-035-STPS-2018) como prueba plena del ambiente nocivo han tenido efectos limitados, ya que los jueces de distrito suelen argumentar que la NOM-035 es una norma de seguridad e higiene administrativa y no una norma de seguridad social prestacional.
La resistencia del Instituto a reconocer estos padecimientos tiene un fundamento actuarial implícito. Si el IMSS reconociera, hipotéticamente, que 10% de las incapacidades por enfermedad general relacionadas con ansiedad y depresión son en realidad riesgos de trabajo, el impacto en las finanzas del seguro de riesgos de trabajo sería devastador.
Actualmente, bajo el ramo enfermedad general, el IMSS paga subsidios a 60% del salario base de cotización a partir del cuarto día. Bajo el ramo riesgo de trabajo, debería pagar el 100% desde el primer día y capitalizar pensiones. Datos de la consultora Mercer Marsh Benefits indican que el ausentismo por salud mental ha crecido 30% post pandemia. Al mantener estos casos en el ramo de enfermedad general, el sistema socializa las pérdidas entre todos los cotizantes y subsidia a las empresas que generan entornos tóxicos, evitando que su prima de riesgo aumente.
¿La solución jurídica? Es necesaria una reforma al Artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo para establecer la presunción Legal Iuris Tantum de la profesionalidad en padecimientos mentales cuando el trabajador provenga de un centro de trabajo calificado con riesgo muy alto en los dominios de la NOM-035. Esto obligaría a aplicar la inversión de la carga de la prueba: que sea el patrón y el IMSS quienes deban probar que el estrés del trabajador no proviene del trabajo, liberando al trabajador de la prueba actual. Sin este cambio legislativo, la salud mental laboral en México seguirá siendo una estadística fantasma, maquillada por la burocracia y pagada por la salud del trabajador.
Especialista en seguridad social, pensiones y fondos de inversión
Estimado lector, deseo de todo corazón pases un armónico y bendecido fin e inicio de año.
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