La reforma al Código Penal busca prevenir violencias y proteger la libertad y seguridad de las personas.
Sergio Mendoza
De igual manera, se establecen penas más severas para los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, utilicen su cargo o posición para cometer actos de acecho.
Durango, Dgo.– (OEM).- Por unanimidad, el Congreso del Estado de Durango aprobó reformas al Código Penal para tipificar el acecho como delito, estableciendo penas que van de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones podrán incrementarse según las circunstancias en que se cometa el delito.
Durante la sesión ordinaria, la Comisión de Justicia presentó ante el Pleno el dictamen que unifica las iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios del PRI y de Morena, mismas que fueron analizadas y aprobadas con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
Al razonar su voto a favor, la diputada Delia Enríquez Arriaga destacó que esta reforma representa un avance en la protección de las víctimas, al castigar una conducta que suele ser el inicio de distintas formas de violencia, ya que comienza con actos como vigilar, seguir o buscar comunicación con alguien en contra de su voluntad, generando daños psicológicos, emocionales e incluso patrimoniales.
“Así comienza la violencia: cuando los agresores observan o intentan controlar a sus víctimas. No son pocas las historias de mujeres acosadas por sus exparejas, estudiantes vigiladas por maestros o trabajadoras hostigadas por sus patrones. No podemos permitir que quienes están en posición de poder se escuden en sus cargos para violentar a las personas”, subrayó la legisladora.
De acuerdo con las reformas aprobadas, comete el delito de acecho quien, por cualquier medio —incluidos los digitales—, siga, persiga, vigile, observe, rastree o contacte de manera reiterada a una persona, provocando temor, angustia o limitación en su estilo de vida o libertad personal.
Asimismo, se prevé un incremento en un tercio de la pena mínima y máxima cuando el delito se cometa con violencia, uso de armas o en contra de personas menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad. También aplicará agravante cuando exista una relación de confianza o autoridad, como las de tipo familiar, laboral, docente, religiosa, política o derivada de una figura pública.
Con esta reforma, el Congreso del Estado de Durango reafirma su compromiso con la seguridad, integridad y libertad de las personas, fortaleciendo el marco jurídico para prevenir y sancionar conductas que vulneran los derechos humanos y la vida en comunidad.
