La contraloría nacional del agua se compromete a unirse en defensa del agua en La Laguna: Elizabeth Estrada Macías
Se pronuncia a favor de una sola ley de aguas
Armando Cobian
Torreon, Coahuila.- Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua se pronuncia a favor de una Ley General de Aguas (LGA) que reemplace la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN). En cumplimiento al mandato constitucional de contar con una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, con participación ciudadana y gubernamental, reiteró Elizabeth Estrada Macías.
Esto solo será posible con una Ley General de Aguas que establezca los mecanismos de planeación colaborativa en cada cuenca y acuífero del país, para corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la violación sistemática de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios del agua, problemáticas que ha permitido y propiciado la LAN..
Celebramos el reciente anuncio por parte de Efraín Morales López, Director General de la Conagua, respecto a la identificación de 7 mil concesiones irregulares, consideramos que la información entregada por las contralorías a las oficinas regionales de la Conagua el 26 noviembre de 2024, pudo y podrá ser de gran utilidad en la documentación de las mismas. Hemos solicitado vía transparencia, la lista de estas concesiones, para apoyar información adicional para su corrección o extinción, y monitorear los avances al respecto.
Las organizaciones, investigadores y los pueblos indígenas que formamos parte de la Coordinadora Nacional señalamos la importancia de las reformas al Artículo 2 Constitucional, el cual sienta las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a recuperar y gestionar las aguas que corresponden a sus territorios y sirven como la base de sus culturas, su sustento y sus modos de vida. Consideramos que la reforma debe garantizar que cualquier reforma a la normativa hídrica, que afecte el derecho al agua de las comunidades indígenas, debe ser consultada en un proceso parlamentario abierto a las aportaciones y sugerencias de dichas comunidades y pueblos originarios.
Asimismo deben ser reconocidos los sistemas comunitarios de agua (SCA) como sujetos de derecho público autónomos .Este reconocimiento jurídico que convertiría a los SCA en autoridades del agua con posibilidades vinculantes para poder incidir en la creación o modificación de los planes de desarrollo urbano y los programas de Ordenamiento territorial Ecológico, además de poder acceder a recursos públicos. De esta manera los municipios y sus organismos operadores de agua dejarían de privilegiar los grandes intereses económicos por encima de las necesidades de las localidades rurales y colonias mal atendidas en la satisfacción de sus necesidades..
Si bien celebramos el proyecto de restauración de los ríos Lerma-Santiago, y nos preocupa cualquier intento de “sanear” ríos exclusivamente a través de plantas de tratamiento y colectores, sin eliminar las fuentes de contaminación y sin involucrar a las comunidades locales en la regeneración de sus cuencas. De manera particular cuestionamos cualquier intento de extraer volúmenes de agua de territorios indígenas y de comunidades rurales para llevarlas a ciudades que todavía no han logrado un uso eficiente del agua.
Apoyamos en particular las luchas de comunidades y pueblos indígenas y campesinas de Sonora en defensa de los ríos Sonora, Yaqui y Mayo, así como de las comunidades originarias de Oaxaca, del Estado de México y de Hidalgo, amenazados por proyectos de trasvases mal concebidos, así mismo manifestamos nuestro apoyo a las comunidades mayas de la Península de Yucatán, amenazadas por la contaminación de sus acuíferos por las granjas porcícolas y avícolas, así como el despojo de sus territorios por todo tipo de industrias, con énfasis en la inmobiliaria. Denunciamos las agresiones que han sufrido los defensores del agua en estos estados y en toda la República.
Asimismo apoyamos las luchas de las comunidades y colonias urbanas de los municipios de Puebla Capital y los otros 5 municipios de las zona conurbada en donde se privatizó el agua desde 2014 y se viene violando el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el corte sistemático de agua y drenaje con el argumento de retraso en el pago del servicio por parte de la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. además de abusos por sobre cobro de tarifas y la contaminación del agua y de los ríos Atoyac y Alseseca, dado que la empresa cobra un 30% de la tarifa por saneamiento y a la fecha estos cobros de alrededor de 500 mil usuarixs, no se han traducido en acciones de tratamiento y saneamiento del agua. Por lo que demandan el inmediato e irrestricto respeto al DH al agua y la exigencia de la inmediata desprivatización.
También demandamos el respeto a la independencia e impulso de un nuevo modelo de gestión del agua de los Sistemas Municipales e Intermunicipales de Agua a nivel nacional, que hoy por hoy son utilizados como “cajas chicas” de algunos gobiernos municipales no permitiendo su desarrollo institucional y una gestión transformativa del agua nivel institucional.
A su vez, exigimos el respeto a la autonomía de los Comités de Agua y/o Sistemas Locales en término de sus usos y costumbres, así como apoyo financiero y técnico para fortalecer su funcionamiento en interés de las comunidades y que además que desde la CFE haya un trato especial y diferenciado a estas instancias dado el servicio de interés público que se ofrece.
Reanudamos nuestra voluntad de trabajar en colaboración y coordinación con los gobiernos para lograr la restauración hídrico-ambiental del país y garantizar agua de calidad para todas y todos, empezando con la corrección del sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el despojo y la contaminación impune que es el legado de la Ley de Aguas Nacionales. Por eso hacemos énfasis en la importancia de que sea derogada para dar paso a una Ley General de Agua
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