La reforma al Poder Judicial será un debate con la verdad: Ricardo Monreal

Saltillo, Coahuila, Con la presencia del senador y virtual coordinador de los diputados federales en la próxima legislatura, Ricardo Monreal Ávila y del gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los legisladores federales electos de Coahuila, Nuevo León, Campeche y Baja California, se llevó a cabo el llamado Foro “Dialogo Nacional para la Reforma al Poder Judicial”, donde el senador dejo claro que esta reforma será construida con un debate con la verdad.

En el salón Villa Ferre de la capital saltillense al cual acudieron también los diputados locales de Morena por Coahuila; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup; los senadores electos Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar Fernández, y con la representación del líder nacional de CATEM, Pedro Haces Barba, acudieron Miguel Batarse y Armando Cobián Duarte.

“Estamos aquí para introducirnos de tiempo completo y conocimiento pleno sobre el contenido de la reforma al poder judicial, tenemos el mandato popular y el poder reformador para que la constitución se modifique en beneficio de las demandas ciudadanas que es lograr un nuevo sistema de justicia, pues nadie puede negar que el déficit de justicia en México es enorme y que uno de los temas que se llevaron a las urnas fue precisamente lograr esta reforma”, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila, ante los senadores, diputados federales y locales.

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“Nunca engañamos a nadie, y por ello hoy desde Coahuila nos estamos preparando todos los legisladores que resultamos electos para poder ofrecer un debate conocimiento, con argumentos, un debate con la verdad política, jurídica y social”, destacó el senador Monreal Ávila.

La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum está enterada de las reuniones y foros que se están realizando por todo el país, y que se van a realizar aquí en Coahuila y en Nuevo León, en distritos y municipios importantes para que todos estén informados.

Unos cuatrocientos trabajadores del Poder Judicial en Coahuila llegaron hasta las instalaciones del Salón Villa Ferre que se ubica sobre la salida a Monterrey donde se manifestaron en contra de esta pretendida reforma y a empujones intentaron abrir las puertas para irrumpir en donde se celebraba el Foro Regional.

El presidente del Tribunal Superior Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, dijo que celebra que se den este tipo de foros de Saltillo, la capital de Coahuila, pocos estados fueron considerados para realizarlos, entonces hoy celebramos que el senador Monreal para tocar un tema como es el de la defensoría pública.

“Este es el punto de atención hacia la gente, es ahí donde todos los poderes judiciales estatales o federal atienden a la gente, es un asunto muy sensible y se lleva la defensa publica el 74 por ciento de los asuntos que se litigan en el estado de Coahuila y en materia penal un 85 por ciento, entonces es muy importante”, destaco

Después de un recorrido de siete Foros, en donde contrastamos qué Poder Judicial tenemos y hacia dónde queremos dirigirlo, analizamos su actual conformación y posible reorganización, teniendo como eje central la austeridad, respetando los derechos laborales generados; iniciamos ahora la revisión de uno de los dos brazos operativos del sistema, el de su defensa, la pública y la particular.

No opera como tal una Defensoría Pública dentro del Poder Judicial. El 28 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, por la que se creó al Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones.

Al día de hoy es imposible conocer cuál es el número de resoluciones, en cuántos juicios de amparo, en qué temas se cuenta con mayor índice de resoluciones favorables obtenidas. No se encuentran datos precisos a disposición general del número de asuntos representados GANADOS, resueltos a favor de la gente que no cuenta con recursos para solventar un juicio.

Según lo detalla en su misma página, del Instituto Federal de Defensoría Pública sus servicios básicos son: Primer contacto, Orientación, Orientación Institucional, Asesoría y Representación Jurídica. Es decir, el 80% de su trabajo consiste en ser una oficina de atención, canalización a instituciones, gestoría pública, no una verdadera vía de acceso a la justicia. En el primer Diálogo Nacional por la Reforma al Poder Judicial el pasado 27 de junio en la Cámara de Diputaciones, se les fundamentó con cifras la poca atención de la Corte a los intereses públicos y sociales; la respuesta esgrimida en voz de la Ministra Norma Piña fue que el Poder Judicial resuelve los asuntos que se le turnan, es decir aquellos que cumplen las formalidades para su admisión, son acompañados en todas las fases del juicio y cuentan con los estímulos procesales correspondientes. En una palabra: Los asuntos de particulares que pueden pagar por ello.

Es por eso que mi pregunta hoy es: ¿Cuál es el número de procesos judiciales que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha ganado, defendiendo temas de derechos sociales como el derecho al agua, a la salud, a la vivienda, al trabajo, ¿cuál es el número de sentencias en que se han defendido temas de justicia transicional?

En esta Reforma Judicial es imprescindible una Representación Jurídica comprometida con el acceso a la Justicia para toda la población por igual, auditable, medible, con resultados de éxito. Una férrea defensa pública, visible, presente, que garantice el ejercicio de derechos con equidad, reconocimiento, transversalidad en respeto a los derechos humanos, especialmente de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, de la población LGBTQ+, de comunidades indígenas y accesible y amigable para toda persona que no tenga los medios para pagar una defensoría privada; que haga realidad el anhelo de que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que la escuche, la ampare y la proteja contra la fuerza y la arbitrariedad.

La pandemia de 2020 agravó de manera especial los tiempos, términos y resoluciones judiciales. Un sector particularmente afectado desde entonces fue la defensa litigante, que tuvo que afrontar de manera directa los retrasos y dilaciones en la tramitación de asuntos, que constituyen su modo de vida.

Esto, aunado a la falta de apoyo especializado en el uso de la innovación tecnológica implementada en el Poder Judicial de la Federación para interposición de promociones y consulta de expedientes, repercute directamente en un significativo atraso en la función de litigio.

Es por esto que mi pregunta hoy es: ¿Qué acciones implementó en su momento el Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con las barras de abogacía existentes, a fin de capacitarlas y actualizarlas a la nueva normalidad? Porque es fácil hoy para un sector del Consejo y de cierta parte de la Suprema Corte buscar acordar y hacer frente común ante esta Reforma, pretendiendo descalificarla con la misma argumentación, cuando durante todo el tiempo que tuvieron el total control presupuestario y administrativo del Poder Judicial, no apoyaron en lo más mínimo la profesionalización y colegiación adecuada de la defensa privada, dejando tanto al justiciable como a gran parte del gremio litigante, fuera de todo amparo judicial, sin establecer límites ciertos al ejercicio de la noble profesión de la abogacía.