Ante la denuncia que hiciera el abogado sobre que el contralor mintió, mencionó que lejos de lo que diga él o alguien más, el asunto lo trae la autoridad competente y esperará a la resolución, por lo que dijo, evitara dar una opinión.
Elvira Paniagua Rodríguez
Rubén Guerrero Merino
Rubén Guerrero Merino
Rubén Guerrero Merino
José Luis Álvarez Alfaro
José Luis Álvarez Alfaro
Por tal motivo, los regidores de la comisión se reunieron ayer para analizar la situación a las 15:00 horas, pero se declaró receso, por lo que hoy, estarán reunidos nuevamente.
Documentos
Pruebas
El abogado, dentro del documento presentó tres pruebas:
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CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Víctor Domingo Martínez Herrera, abogado que participó en el proceso de selección de contralor, dio a conocer que envió un documento a la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, así como a integrantes de ayuntamiento, con el objetivo de presentar pruebas que también tiene este medio impreso, y realizar la petición para que el Contralor Municipal, Rubén Guerrero Merino, deje el cargo en virtud de la posible comisión del delito de falsedad ante la autoridad y la falta administrativa grave de los integrantes del ayuntamiento que le designaron.
Ante esto la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, manifestó que legalmente y en lo que se resuelve el juicio, no considera que sea necesario que el contralor se separe del cargo, pero dijo, se sujeta a lo que la autoridad competente disponga; por su parte, el contralor, Rubén Guerrero, refirió que la situación es conocida por todos desde el inicio del procedimiento y por eso compareció en su momento, argumentando además que, su apreciación jurídica es que no está impedido conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, pero se sujetará a lo que los tribunales determinen.
De igual forma, el regidor José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, expresó que llevó a cabo una sesión de urgencia para determinar la situación, en donde se pidió un receso que continuará mañana. Indicó que por el momento lo ideal podría ser buscar una suspensión y después tomar la determinación necesaria, en caso de que el juez determine que mintió.
Por un lado, la alcaldesa manifestó que siempre hay inconformidades cuando se trata de un asunto democrático, indicando que en el caso del Contralor Municipal hay todo un procedimiento donde se registran las personas, la mesa técnica que es la Comisión de Contraloría lo revisa, emiten un dictamen y dicen quiénes cumplieron.
No propone como tal a Rubén Guerrero Merino, lo avalaron, utilizaron el término de cumplimiento y tuvieron alguna observación menor, sino no tendría que haber estado en el acta de la comisión de la contraloría, de ahí la facultad que tiene una servidora es proponerle al ayuntamiento y el ayuntamiento dispone quién queda
Sé de la inconformidad que hubo que es muy válida y se interpuso un recurso y va caminando, qué le toca hacer al ayuntamiento, estamos sujetos a lo que la autoridad competente disponga en su momento, hoy no hay una resolución esperaremos los tiemposElvira Paniagua Rodríguez
Legalmente hablando cumplió con las formas, se hizo la propuesta y en el ayuntamiento lo votamos a favor, nos toca como ayuntamiento esperar la resolución. Si algo observaba mucho cuando me tocó estar presidiendo la comisión de Hacienda en el congreso, era el actuar de los contralores, tienen una responsabilidad muy grande, deben hacer su trabajo de una manera correcta, las contralorías municipales deberían de ser los mejores aliados de las administraciones en el sentido de estar observando en tiempo y forma si se está cometiendo una anomalía para evitarla
Por otro lado, el Contralor Municipal, Rubén Guerrero Merino, indicó que no puede declarar nada nuevo, porque el proceso se encuentra en el tribunal de justicia administrativa, por lo que “el tribunal será quien determine si coincide con la apreciación de tu servidor”.
Desde mi punto de vista, el encargo que tuve con el partido no encuadra con la hipótesis que contiene la Ley Orgánica Municipal, por ello yo siempre hice mis manifestaciones ante los medios y la propia comisión de Contraloría de que yo en ningún momento me encontraba impedido desde mi punto de vista jurídico, esto no quiere decir que un tribunal o abogado no tenga una precisión diferente la cual respeto, pero esto ya está dentro de un procedimiento ante el tribunal, no hay una resolución resolutiva en lo más mínima
Refirió que no se le informó, ni convocó a la comisión de contraloría que ayer se realizó para analizar su situación y posible suspensión en caso de ser necesario, sosteniendo que, el tema de la destitución la ley Orgánica es clara en qué momento procede, ya que, tanto del contralor como cualquier otro director de la administración, por la única causal por la que puede ser destituido sería por violar la ley de responsabilidad de los servidores públicos en su desempeño.
Lo que se está ventilando en el tribunal es la adecuada o no designación del contralor, esa solamente la podrá determinar un tribunal, pero esta persona y el ayuntamiento tendrán toda la posibilidad de analizar la situación. Cualquier comentario, argumento, posicionamiento de esta persona o de cualquier otra, donde a priori o de manera anticipada prejuzguen a tu servidor, ahí sí se podría encuadrar alguna conducta violatoria de la ley y que a lo mejor estaría sin duda violentando mis derechos humanos y de presunción de inocencia que podría yo analizar
La afectación que hacen a mi persona sería de una cuantiosa reparación porque me afectan moralmente, ningún sentido creo que se pueda tomar una determinación de esa naturaleza penal por lo que él señala de una posible comisión de delito, mi apreciación jurídica es totalmente contraria, pero hasta donde tengo entendido, esta persona y no sé quién más ya está emitiendo un juicio sobre una posible conducta, eso sí es grave, pero yo sigo con la misma tesitura, me sume al proyecto para trabajar, me interesa el beneficio de Celaya, desarrollar mi función profesional y el hecho de que el procedimiento se encuentre hasta cierto punto en el ojo de huracán por esta situación son apreciaciones jurídicas como lo hemos señalado desde un principio y me sujetare a lo que los tribunales determinen
Comentó que en caso de que los regidores decidan que es mejor que deje el cargo en lo que se resuelve el asunto, mencionó que el pleno del ayuntamiento debe determinar si existe una figura donde se pueda aplicar alguna suspensión, recodando que este tipo de asuntos lleva tiempo en los tribunales, por lo que sus derechos se verían afectados si se suspende el ejercicio de la función mientras se termina el juicio
Es una situación conocida por todos desde el inicio del procedimiento, por eso me mandó comparecer la comisión en su momento y por eso argumenté que mi apreciación jurídica es que no estoy impedido conformen a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, mi situación en el partido es diferente, son cuestiones totalmente reguladas al interior de los partidos esos se manejan con los estatutos de los partidos
De igual manera, el regidor José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la Comisión de Contraloría, indicó que en el momento en el que se hizo la convocatoria y designación del contralor, la comisión emitió dos propuestas que cumplieron de fondo y forma, mientras que la tercera propuesta la emitió la alcaldesa, quien lo propuso sin haber cumplido en la forma.
En ese momento la comisión tomó la determinación de que no existía la certeza de si había o no participado como presidente de la comisión, por eso se mandaron dos propuestas, la alcaldesa lo rescata y luego pasó lo que ya sabemos. Como presidente estamos tomando las determinaciones necesarias, al parecer ya existen pruebas fehacientes de que efectivamente mintió al ayuntamiento.
Por otro lado, con respecto a las declaraciones que en su momento indicó el contralor, mencionó que las interpretaciones con documento en mano ya no caben, por eso tomarán una decisión para saber qué hacer, si se esperarán a que el juez de una resolución, o toman cartas en el asunto porque pueden quedar con una posible responsabilidad si lo dejan en el cargo.
Mencionó que por el momento lo ideal sería buscar una suspensión y en caso de que el juez determine que mintió, se tomará la determinación necesaria, se estaría cometiendo el delito 255 del Código Penal del Estado de Guanajuato y traería consecuencias para aquellos que avalaron en su momento la propuesta del contralor.
Primero voy a analizar la información que me hicieron llegar, en caso de determinar que la comisión debe verlo de manera colegiada, se estaría tomando la decisión para ver la forma más adecuada de atacar esta situación, porque al parecer el contralor no cumplía con el tiempo que marca la ley para participar en la convocatoria desde ahí estaríamos en una situación grave. Esta es una situación que yo creo no se había dado en el municipio de Celaya
Por otra parte, los documentos que se encuentran en manos de El Sol el Bajío, en el apartado de Antecedentes, refiere que uno de los requisitos de conformidad con la fracción VI del artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal, es no ser o no haber sido dirigente de partido político o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación.
Según las pruebas, el Contralor Municipal, Rubén Guerrero Merino ocupó el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 17 de julio de 2013 al 23 de enero de 2014, por lo que al ser designado como contarlo el 13 de noviembre del 2018, sólo pasaron cuatro años con 10 meses.
Después dirigió al ayuntamiento y bajo protesta de decir la verdad, en un documento donde indica no haber ocupado cargo alguno de dirigente de algún partido político en los últimos cinco años, por lo tanto, al no haberse cumplido realmente el tiempo establecido, es que se presume la comisión de un delito por parte del contralor.
La primera prueba indica que el oficio público del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fechado el 17 de julio de 2013, comunica al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que Rubén Guerrero, asume el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal, con el acta correspondiente, que lo acredita con la fecha de inicio de sus funciones y la personalidad con la que actúa.
La segunda prueba, menciona que el oficio público del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fechado el 28 de marzo de 2019, informa a la segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que Rubén Merino dejó el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal el 23 de enero de 2014.
La tercera prueba, menciona que en un documento privado que Rubén Guerrero dirigió al ayuntamiento y bajo protesta de decir la verdad, manifiesta no haber ocupado cargo alguno de dirigente de algún partido político en los últimos cinco años.
Las peticiones que les hizo fueron: Primero, remover de forma inmediata a Rubén Guerrero Merino del cargo que ocupa como contralor, en virtud de la posible comisión del delito de falsedad ante la autoridad y la falta administrativa grave de los integrantes del ayuntamiento que le designaron. También se dice que otro de los requisitos es tener buena reputación, la cual perdió en el momento de haberse conducido falseando la vedad ante el órgano colegiado.
Asimismo, el contralor siendo el titular del órgano de control del municipio y teniendo como atribución, entre otras, la de conocer, investigar y sancionar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, al tener estas atribuciones, el contralor no puede ser el primer infractor en el ámbito penal, ya que sería como tener de autoridad investigadora, de fiscal y de juez, a un delincuente, existen conflictos de interés y nunca podrá ejercer su cargo de forma objetiva, por lo cual, debe ser removido de forma inmediata.
Segundo, en virtud de la remoción, se inicie en los términos que marca el reglamento, la elección de un nuevo contralor; Tercero, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente; y Cuarto, en este punto el abogado indica que se le debe notificar toda resolución, en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal y del artículo 37 de Código de Procedimiento y Justicia Administrativa.
