El destino del INAI se discute hoy en Cámara de Diputados
El día llegó y, si nada cambia de último momento, en Cámara de Diputados comenzará hoy la discusión del dictamen que establece la eliminación de 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A diferencia de los otros 6 que tienen sus funciones sobre todo en temas regulatorios o de evaluación, el Instituto tiene a cargo la defensa de dos derechos humanos, por ello, la relevancia de saber qué pasará con los temas que conlleva.
Siempre di, y lo seguiré haciendo, la batalla para defender, tanto en lo político, institucional como mediático, al Instituto, porque en mis 34 años de trayectoria y como fundadora del Sistema Nacional de Transparencia, soy testigo que en 22 años de labor se ha construido una base sólida que hoy permite a las y los mexicanos ejercer sus derechos a saber y de la protección de sus datos personales, y eso es lo que peligra.
Hay incógnitas muy grandes en este proceso legislativo y espero que sean respondidas en las reservas y transitorios, por ejemplo: ¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia y sus 14 mil 972 millones 940 mil 509 registros, que equivalen a 40 veces las bases de datos del Archivo General de la Nación (375 millones)? Eso representa 16.5 Terabytes de información contenida en la herramienta tecnológica que hemos construido desde 2016 y que hoy, con su evolución, está más fuerte que nunca.
Actualmente la PNT no podría trasladarse al ejecutivo federal. De los 7407 sujetos obligados, 723 son federales y solo 270 autoridades del poder ejecutivo federal, por lo que antes de solicitar sea entregada esta herramienta, se debe tener claridad por escrito de su futuro, por eso incluso he señalado la posibilidad de que su información sea donada a una asociación civil o una universidad que garanticen su resguardo y acceso.
No se trata de que cada entidad tenga su "infomex", se trata de la inversión millonaria y los 16.5 TB que conforman la base de datos. De 10 millones 110 mil 365, solicitudes, 6 millones 681 mil 287 son de los estados y 3 millones 429 mil 078 de la federación.
Como se mencionó ayer en Guadalajara durante el Foro de Buenas Prácticas Digitales, quienes más correrían riesgo, son las autoridades locales, por ejemplo, los 2,478 municipios del país, porque, con sus limitadas capacidades y recursos, tendrían que desarrollar la infraestructura y equipo humano necesarios para dar respuesta a lo que por ley les debe seguir correspondiendo hacer público
Además, ¿quién protegerá la información y resolverá la queja cuando particulares vulneren la privacidad de las personas? ¿Se respetarán los derechos de los laborales que han adquirido experiencia vital sobre estos temas?
Espero que se considere todo lo que he señalado en las diversas reuniones con legisladores y con la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Como estadistas, es claro que debemos siempre pensar en el presente, y sobre todo en el futuro de México y los mexicanos, porque ese es el fin primario de ser servidor público.
@JulietDelrio
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