La percepción de la corrupción se relaciona intrínsecamente con la confianza que hay hacia las leyes y, por ende, con el esquema de sanciones en caso de incumplirlas. Hay una mejor percepción en tanto se conozca que no existe impunidad. Así pues, la transparencia durante los últimos años ha sido de gran apoyo en la publicación de expedientes y sentencias que muestran de forma abierta el proceso de impartición de justicia. La transparencia se convirtió en una gran herramienta para inhibir el mal uso de recursos.

Ante un nuevo modelo de transparencia que estamos por vivir, es fundamental que se retome la experiencia adquirida para que los 26 puntos (de 100) tengan una base sólida que nos permita mejorar y no retroceder con los que actualmente cuenta nuestro país en esta evaluación internacional.

Estamos ante el proceso de transición más importante para las instituciones que protegen la información y los datos personales. El INAI, específicamente, transferirá sus funciones y responsabilidades a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero en el camino desaparecerán esquemas colaborativos como el Sistema Nacional de Transparencia que complementaban las estrategias anticorrupción en el país.

Estoy convencida que no sólo la disponibilidad de información aporta a las políticas anticorrupción, sino también la calidad y celeridad con que se entrega. Por ello, en las mesas de diálogo con la nueva Secretaría he insistido en mantener en óptimas condiciones la Plataforma Nacional de Transparencia como el único medio gratuito y disponible para la sociedad participativa. 

También próximamente se abordará la importancia de la estructura del Sistema Nacional de Transparencia, el cual ha demostrado que con trabajo en equipo se pueden realizar aportaciones importantes, así lo demostramos durante años. A mí particularmente me tocó ver nacer este sistema y demostré que arrastrando el lápiz es como se pueden conformar cimientos fuertes para la transparencia y rendición de cuentas.