Se resolvió como improcedente la materia de la denuncia, toda vez que los presuntos actos señalados no son considerados como calumnia
Silvia Ortiz / El Sol del Centro
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Las consejerías electorales del Instituto Estatal Electoral (IEE) avalaron el proyecto de resolución en el que se desechó el procedimiento sancionador ordinario IEE/PSO/001/2023, integrado a partir de la denuncia interpuesta por el C. Humberto Ambriz Delgadillo, en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, en contra de una Regidora del mismo ayuntamiento, así como del partido político al que pertenece y a su presidente estatal, por la distribución de propaganda presuntamente calumniosa a través de volantes y medios de comunicación, con recursos de procedencia ilícita y que, a su vez, pudiera atentar contra la honra y dignidad.
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Se dio a conocer que, en el análisis del caso, la autoridad electoral resolvió como improcedente la materia de la denuncia, toda vez que los presuntos actos señalados no son considerados como calumnia al no erigirse como propaganda político-electoral dentro de un proceso electoral, en el que pueda verse afectado algún partido político, aspirante o persona candidata.
No obstante, se dio vista de la resolución de la denuncia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que cuenta con la atribución de vigilar la licitud de los recursos de los partidos políticos y su correcta aplicación, por lo que en lo que compete al IEE se desechó el procedimiento sancionador.
Por otra parte, fue aprobada la integración de un nuevo marco jurídico para la conformación de los Consejos Distritales y Municipales en procesos electorales, así como el correspondiente a la regulación de las reuniones y sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), arrogándose las normatividades anteriores.
En el caso del Reglamento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, la conformación de las nuevas disposiciones obedece a la necesidad de adecuar la normatividad de estos órganos a las circunstancias políticas, jurídicas, prácticas y tecnológicas con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los procesos electorales.
