El informe de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, correspondiente a su “primer año” de gobierno, se inscribe más en el terreno político que en el técnico. Hay administración, hay narrativa (exagerada y un tanto revictimizante, a mi parecer), pero, en lo sustantivo, aún cuesta identificar cambios que modifiquen la vida de las y los guanajuatenses.

En política social, el ajuste no es menor, pero tampoco es virtuoso. Lo que se observa es un viraje hacia un asistencialismo más explícito, pero acompañado de una narrativa que curiosamente busca presentarse más cercana, emotiva y sensible (al grado que da cringe, como podrían decir mis hijos), pero que en el fondo simplifica problemas hipercomplejos.

La llamada “Tarjeta Rosa” es ejemplo de ello: una transferencia económica de bajo impacto que no modifica las condiciones reales de vida de las mujeres. No se trata solo de transferir dinero, sino de tener una política pública que incida en la disminución de las violencias, acceso a la justicia, autonomía económica y sistemas de cuidados. Sin estas perspectivas, aunque se haga “en nombre de las mujeres”, no cambiarán las estructuras de desigualdad.

En seguridad, el informe sigue la narrativa del gobierno federal: la disminución de homicidios. Que aunque es un dato relevante y, en su caso debe reconocerse, la lectura no puede ser parcial. Mientras ese indicador muestra variaciones, otras expresiones delictivas siguen presentes o incluso se agravan: desapariciones, extorsiones, masacres, formas de violencia atroces y cada vez más crueles.

Guanajuato continúa en los primeros lugares nacionales en homicidio doloso y la percepción de inseguridad no cede, por lo que la violencia no puede explicarse ni resolverse desde un solo indicador. El reto, evidentemente, es más profundo y exige revisar el modelo de seguridad y justicia en su conjunto: desde el papel de los ministerios públicos hasta el fortalecimiento real de las policías municipales y de una política de reinserción social.

A esto se suma una deuda social que no es nueva, pero que tampoco muestra señales claras de corrección. En educación, los niveles de cobertura siguen por debajo de la media nacional: en Guanajuato, el promedio de escolaridad ronda los nueve años, frente a los 10 a nivel país. La cobertura en bachillerato y educación superior también se mantiene rezagada. En salud, las carencias han crecido. En vivienda, la política estatal sigue siendo prácticamente inexistente. No se trata de cifras aisladas, sino de una estructura que arrastra años sin modificarse de fondo.