El Verde no solo expuso fosas. Expuso una fractura entre realidad y discurso. Y mientras esa distancia persista, la percepción seguirá pesando tanto como los hechos.
Lo ocurrido en el poblado de El Verde, en Concordia, no es un episodio aislado ni un accidente trágico en la geografía serrana. Es un síntoma. Las fosas clandestinas descubiertas ahí son la expresión más cruda de una crisis que lleva décadas incubándose en Sinaloa y que ya no admite eufemismos.
Durante años, la violencia se volvió paisaje: asesinatos a plena luz del día, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones disfrazadas de “cuotas”, asaltos que raramente se denuncian. Todo ello conforma un entramado que erosiona la vida cotidiana y alimenta una percepción creciente de abandono institucional.
El hermetismo oficial frente al hallazgo de fosas en El Verde no hizo sino agravar esa percepción. Intentar contener la información bajo el argumento de “no alarmar a la población” resulta contraproducente cuando las familias ya viven alarmadas desde hace años. El silencio no pacifica; posterga.
La frase del gobernador —“no sé lo que está pasando en Sinaloa”— pronunciada en medio de cuestionamientos públicos, se volvió símbolo de desconexión. Puede interpretarse como ironía, como evasión o como reconocimiento involuntario de que el fenómeno rebasa a las autoridades. En cualquier caso, la declaración cayó como sal en la herida de miles de familias que buscan a un desaparecido.
En la llamada tierra de los once ríos, la violencia no comenzó ayer. La captura y posterior secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue utilizado por algunos sectores como explicación coyuntural del repunte de tensiones, pero reducir la crisis a un solo acontecimiento sería simplificar un problema estructural. La delincuencia organizada lleva años entrelazada con dinámicas sociales y económicas del estado. Negarlo no la disuelve.
Hablar de “estado fallido” puede sonar excesivo para algunos, pero la repetición de fosas clandestinas, la normalización de desapariciones y la falta de resultados contundentes en investigaciones alimentan esa narrativa. Cuando la ciudadanía percibe que la autoridad no controla el territorio ni garantiza seguridad básica, la confianza institucional se fractura.
El riesgo mayor no es solo la violencia en sí misma, sino la acumulación de agravios. Cada homicidio impune, cada desaparición sin resolver, cada familia ignorada, suma presión social. La historia demuestra que las sociedades no explotan de un día para otro; lo hacen tras años de desatención y simulación.
Reconstruir la normalidad en Sinaloa implica más que operativos temporales. Exige reconocer la magnitud del problema, transparentar información, fortalecer instituciones y asumir que la violencia no desaparecerá por decreto. También requiere entender que la delincuencia organizada ha echado raíces profundas en la estructura social y económica del estado, y que desmantelar esas redes demanda estrategias integrales, sostenidas y verificables.
