Comparativamente, de los meses de enero de 2020 a la fecha, el de 2026 es el que registra la mayor caída de empleo, según el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Quizá sea estacional, porque el personal contratado en diciembre suele quedar desempleado en enero. 

En Mazatlán ha sido evidente el cierre de pequeños comercios, al igual que restaurantes, que aducen que la inseguridad les obliga a cerrar con la intención de volver pronto, pero ninguno lo ha hecho.

A pesar de esta situación, el puerto se “salva” en esta materia con relación al resto del estado, impulsado por las actividades turísticas que contratan personal en las temporadas altas.

En esto influyen las ferias del empleo, que ofertan vacantes para que la gente entre al mercado laboral formal.

Sin embargo, se requiere de acciones más eficaces para que los empleos y las pequeñas empresas continúen generando riqueza, y una de ellas es garantizar la seguridad. Si no, la caída sólo se administrará y la crisis se hará más pronunciada.

Entre anuncios y expedientes vacíos

En Sinaloa, la justicia parece avanzar a dos velocidades: la del micrófono y la del expediente. Y en el caso del atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, esa diferencia es cada vez más evidente.

¿Entonces de qué estamos hablando? ¿De una detención estratégica o de una narrativa apresurada?

El problema no es solo jurídico, es político. Cada anuncio genera expectativa pública. Cada declaración construye una percepción de control y eficacia. Pero cuando la realidad procesal no respalda el discurso, la credibilidad institucional se erosiona.

Mientras tanto, el expediente del atentado sigue en integración. Sin imputados formales. Sin audiencias de vinculación. Sin responsables judicialmente señalados. Y eso, a casi un mes de los hechos, no es un detalle técnico: es un síntoma preocupante.