Vizla Silver oficialmente avisa a sus accionistas lo que está pasando en breves comunicados enviados al mercado, pero no habla con las 10 familias mexicanas que perdieron a sus mineros.
Se equivocaron porque no avisaron a tiempo a las autoridades, rompieron los canales de comunicación que tradicionalmente sirven para entender estos asuntos y no midieron el tamaño del problema.
En el México actual, el del segundo piso de la 4T, el 80% de las minas paga una extorsión al crimen organizado y nunca este índice había sido tan alto, de hecho, a partir del 2019 la extorsión a la minería en el país se disparó y es posible pensar que ya todas, en algún momento, han sido extorsionadas, algunas veces directamente, otras por interpósita persona y algunas más con cobros extraordinarios en temas como la movilización de tierra o incluso con producto que luego es revendido en el mercado negro.
El caso que saca a colación todos estos números y modus operandi es el homicidio de los 10 mineros de Vizla Silver que fueron secuestrados el 23 de enero en la Concordia, Sinaloa; por un comando del crimen organizado. Uno a uno se han encontrado los cuerpos y lo que las familias dicen es que la minera, como tal, no les está ayudando en nada.
Una fuente relacionada con el tema explicó que supuestamente la minera canadiense estaba dispuesta a negociar el secuestro y que la propuesta de parte de los secuestradores se hizo por medio de la comunidad que está íntimamente relacionada con los perpetradores, pero al final del dia decidieron no hacer caso a esa información, pensaron que era mejor una respuesta institucional y luego trataron el secuestro y ejecución de los mineros como un problema de relaciones públicas, como un evento a informar a la bolsa de valores y ya.
Por otro lado, el órgano rector del sector, la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía, a cargo de Fernando Aboitiz, no hizo gran cosa al respecto: los buscó para informarse, tuvo reuniones para entender la situación, pero no coordinó acciones concretas, eso sí, se fue a Toronto el 2 de marzo a la sesión de alto nivel entre los CEOs del sector minero y las autoridades mexicanas.
Es curioso como Pedro Rivero, presidente de CAMIMEX, habla de Canadá como un socio estratégico y presume que México se encuentra entre los principales productores mundiales de minerales clave para la transición energética y las cadenas industriales. Sí señor, pero las minas son extorsionadas en Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Durango y Chihuahua.
El embajador de Canadá, Cameron MacKay, hace tres semanas expresó su solidaridad con las familias de los mineros y eso ha sido todo. Quieren la colaboración y hacer de México un socio confiable, pero no pueden proteger a sus trabajadores en una de las chambas más peligrosas del mundo.
1.- Hablando de secuestros, hay uno que es muy extraño y es el que le pasa al procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, que esta semana terminó retenido en los Chimalapas por su propio consejo y como forma de luchar contra una resolución judicial. Este personaje anda buscando reflectores para que la presidenta Sheinbaum lo vea y promueva, a pesar de que es el mismo que empantanó los acuerdos para reabrir la mina de Los Filos en Guerrero, según nos dicen.
