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Méxicojueves, 16 de octubre de 2025

Sigue pendiente programa de manejo de Área Natural Protegida donde está Calica  

El Gobierno federal negocía la creación de un desarrollo turístico, pese a que no hay un reglas para el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con el decreto de creación de esta Área Natural Protegida, el programa de manejo debe publicarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual dicta que las autoridades tienen un año a partir de la creación de cada área natural protegida para publicarlo.

“Esta área fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna, lo que implica que hay especies de flora y fauna de importancia ecológica y cualquier actividad como el turismo podría alterar o impactar su efectiva conservación”, detalla la especialista. 

Chacón expone que en los programas de manejo de cada Área Natural Protegida, la Semarnat define la capacidad de carga de cada zona. Es decir, la capacidad de uso de un ecosistema sin que resulte afectado, ni rebase su capacidad de recuperación a corto plazo. 

El Sol de México consultó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sobre la falta de reglas. Hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta

La negociación se debe a que Calica, hoy llamada Sac-Tun, es propietaria de un predio de alrededor de dos mil hectáreas y el puerto Punta Venado, ubicadas al interior del Área Natural Protegida. 

De acuerdo con Alicia Bárcena, los predios siguen siendo propiedad de Calica, pero esta empresa minera ya no puede explotar piedra caliza como lo hacía desde 1986, cuando obtuvo la concesión para el aprovechamiento de los recursos. 

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Este caso, llevado a tribunales internacionales por Calica, ha generado que el Gobierno federal busque alternativas para que Calica aproveche sus predios de una manera distinta a la explotación minera.

El 1 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que analiza la opción de que el Estado mexicano compre el predio de la mina y el puerto Punta Venado para evitar los resultados del juicio.

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