Entrega alcaldesa de Coalcomán documentación por juicio político en su contra

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Omar Ángel Chávez

Sin abrirlo a medios de información, y de acuerdo con un comunicado distribuido por el propio partido Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán, la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, acudió ante la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Michoacán para responder ante un juicio político iniciado en su contra.

“A las acusaciones se les da la cara, así que la presidenta de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, acudió al Congreso del Estado a entregar la documentación solicitada por la Comisión Jurisdiccional, luego de la solicitud de juicio político que se presentó en su contra”, se le en el boletín distribuido por el propio MC Michoacán.

Según la información proporcionada por el instituto político al que pertenece, la alcaldesa habría dicho confiar en que al final del proceso será demostrada su inocencia, razón por la cual habría acudido a “dar la cara”, aunque no se precisa cuáles son las acusaciones en contra de la alcaldesa.

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Fue enfática al señalar que el que nada debe, nada teme, así que, en tiempo y forma, cumplió con lo solicitado por el Poder Legislativo.Comunicado de MC Michoacán

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De conformidad con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán, la imputada habría ofrecido sus “excepciones y pruebas” ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y los diputados que integran la Comisión Jurisdiccional.

En el texto se lee que la acompañó el coordinador estatal del partido naranja, Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, quien habría reitrado que “cualquier persona que haya cometido algún acto fuera de la ley, debe enfrentar a la justicia” sin ningún tipo de privilegios emandos de su posición política.

Sin mayor precisión al respecto y con una redacción confusa, el comunicado dice que Antonio Carreño también habría expreasdo su confianza en que el caso sea analizado “fríamente”, con el argumento de que sería inaceptable que la alcaldesa fuera afectada por una persecución política.

“Toño Carreño expresó su confianza en que las cosas sean analizadas fríamente, sin que de por medio se pretenda involucrar algún actor o partido político que por situaciones fuera de la legalidad pretendan afectar a la presidenta municipal, es decir, sería inaceptable que de por medio estuviera algún tema de persecuciones políticas”, se lee en el texto.
Era público que el órgano legislativo había dado lugar a un procedimiento de este tipo, pero habían sido reservados los datos del caso, tanto las identidades de la persona denunciante y la servidora pública imputada, como las presuntas faltas de las que se le acusaría responsable

Por Ley, después de esta comparecencia, se abre un periodo de 30 días para que la Comisión Jurisdiccional valore las pruebas, a lo que le siguen otros 7 para que las partes presenten sus alegatos y, finalmente, la instancia responsable tiene 15 para emitir sus conclusiones.

Si la Comisión considera que no es responsable, propondría al Pleno del Congreso que el expediente sea archivado; si se considera responsable, le propondría una sanción fundamentada, que puede consistir en la destitución e inhabilitación hasta por diez años.

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