Plan B de Sheinbaum sin celeridad en Michoacán

El “Plan B” es un paquete de reformas constitucionales que no gozó, en Michoacán, de la celeridad que se les ha dado a otras iniciativas federales en el pasado. Si bien se prevé que será respaldada, esto ya no haría mucha diferencia, puesto que ya fue aprobada por la mayoría de las entidades del país.

El Senado de la República lo aprobó por mayoría el 26 de marzo de 2026. La Cámara de Diputadas y Diputados hizo lo propio el 9 de abril. Al menos 17 congresos locales le dieron su respaldo en menos de 12 horas, con lo que se cumplió el requisito para las reformas a la Constitución de México.

Cabe recordar, nada menos, que el Congreso local respaldó la reforma que puso fin a las llamadas “pensiones doradas“ la mañana del 27 de marzo, unas horas después de que fue aprobada a nivel federal. Aquella vez, el Pleno sesionó de forma extraordinaria y virtual para sacar el proyecto pronto.

No obstante, el Plan B fue objeto de debate dentro de la coalición oficialista, no sólo a nivel federal, sino también en lo local: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rechazaron algunos planteamientos hechos por Morena, lo que generó rumores sobre posibles fisuras.

La minuta plantea una reforma al artículo 115 de la Carta Magna, para establecer que, en el futuro, los ayuntamientos no podrán tener más de una sindicatura y 15 regidurías. La conformación, además, deberá obedecer los principios de paridad de género, vertical y horizontal, e igualdad sustantiva.

En el artículo 116 establece que las legislaturas locales no deberán contar con una cantidad de recusos anuales mayor al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. También establece que deberán respetarse los principios de paridad e igualdad de género.

El cambio al artículo 134 impone otro tope, en esta ocasión, a las remuneraciones de personas consejeras, magistradas, titulares de secretarías y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogas del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y tribunales electorales.

Tampoco podrá adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas, de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro o prestaciones no previstas por otras leyes, decretos, disposiciones o contratos.

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El primer artículo transitorio establece que las disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El segundo, que el Congreso de la Unión y las legislaturas deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026.

El argumento de la reforma es que en México se tienen que reducir los privilegios en la burocracia electoral. De ahí que en el artículo séptimo transitorio establece que los ahorros deberán quedarse en los municipios o entidades de las que provienen, y deberán invertirse en infraestructura pública.