Hay números que no necesitan adjetivos. Se explican solos.
Eso era México antes de la reforma. Ese era el viejo régimen.
Eso es lo que significa gobernar para la mayoría. No son discursos. Son números. Son hechos. Son cinco mil millones de razones concretas por las que la Cuarta Transformación existe y por las que este movimiento no va a detenerse.
La autora es diputada federal del PT por el estado de Puebla.
Un exfuncionario de Pemex cobraba cada mes un millón 107 mil pesos de pensión. Pagada por el pueblo. Cuatro ex servidores públicos de Pemex y Luz y Fuerza del Centro recibieron en conjunto, solo en un año, más de 51 millones de pesos en pensiones. Entre ellos, exdirectivos de Luz y Fuerza del Centro — una empresa que desapareció en 2010. Que ya no existe. Que cerró sus puertas hace quince años. Y sin embargo, el pueblo mexicano seguía pagando sus pensiones de lujo hasta este mes.
Mientras tanto, la pensión promedio de un trabajador común en este país ronda entre seis mil y ocho mil pesos al mes. Algunos de estos casos llegaban a percibir hasta 140 veces más que el promedio nacional. Milenio Ciento cuarenta veces. No es un error de tipografía. Es la radiografía de un sistema diseñado para proteger a una élite que nunca tuvo intención de soltar sus privilegios.
Los números de la vergüenza son precisos. En Luz y Fuerza del Centro, empresa ya liquidada, 9 mil 457 extrabajadores de confianza recibían pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos. De ese grupo, 3 mil 504 jubilados percibían más que el sueldo neto mensual de la presidenta. En Pemex, 544 pensionados recibían montos superiores a las percepciones de la presidenta, con un costo anual de mil 827 millones de pesos, y en 618 casos cada pensión supera incluso el monto anual bruto del propio director general de la paraestatal. En CFE, 2 mil 199 pensionados superan el ingreso presidencial, con un desembolso de 4 mil 496 millones de pesos al año.
Sumado todo el sector paraestatal, el costo anual de estas pensiones supera los 94 mil millones de pesos. Cada año. Salidos del presupuesto público. Del dinero de maestros, enfermeras, taxistas y campesinos que pagan impuestos sin saber que una parte de su esfuerzo financiaba la jubilación dorada de quienes ya habían acumulado suficiente.
La oposición dice que la reforma es “inconstitucional”. Que viola “derechos adquiridos”. Qué conveniente el descubrimiento de la Constitución justo cuando se les toca el bolsillo. Esos mismos partidos que construyeron este sistema durante treinta años de neoliberalismo, que firmaron los contratos que permitieron estos abusos, que miraron hacia otro lado cuando las empresas del Estado se endeudaban mientras sus ex funcionarios se jubilan en la opulencia — hoy nos hablan de legalidad. Hoy nos dan cátedra de derechos laborales.
La respuesta del pueblo fue contundente. En la Cámara de Diputados aprobamos la reforma con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ni uno solo pudo levantar la mano para defender lo indefendible frente a sus electores. Incluso los partidos que más protestaron tuvieron que votar sí, porque hay cosas que no se pueden justificar en una asamblea pública sin perder toda credibilidad.
El nuevo tope es claro: no más de 67 mil 145 pesos netos mensuales — la mitad del salario de la presidenta. Sigue siendo una pensión digna. Decorosa. Muy por encima de lo que recibe cualquier trabajador ordinario de este país. Nadie se va a quedar en la calle. Lo que se acaba es el abuso.
El ahorro anual proyectado es de 5 mil millones de pesos, recursos que ahora tendrán como destino prioritario los programas sociales en beneficio de la población. Cinco mil millones que antes iban a cuentas de quienes ya tenían más que suficiente, ahora irán a clínicas, becas, apoyos a adultos mayores e infraestructura en comunidades que llevan décadas esperando que el Estado llegue.
