La estabilidad y funcionalidad del Estado, el gobierno y la administración pública son importantes para detonar el desarrollo económico y social de los países.
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El rol que desempeña el Estado implica complejos procesos de planeación, inversión, implementación de políticas y evaluación para lograr objetivos. Además, es innegable que los gobiernos se relacionan —dadas las tareas de gobernar— con otros actores y agentes económicos como las empresas que le ofrecen bienes y servicios, por lo que son igualmente importantes en la creación de valor a partir de la inversión pública y el dinamismo económico. Lo anterior sin perjuicio de que en el centro de todo este andamiaje debe encontrarse la persona. Por esta razón, los marcos jurídicos, consideraciones éticas y las reglas de integridad deben abarcar tanto al sector público como al privado y al social.
En el informe intitulado “Perspectivas de anticorrupción e integridad”, que publicó la OCDE recientemente, se reporta, con base en indicadores de integridad pública, cómo están funcionando los marcos de integridad de los países miembros y apunta algunas de las oportunidades de mejora. El informe sugiere que, una estrategia nacional anticorrupción con marcos de integridad sólidos, es aquella capaz de mitigar los riesgos de corrupción en las empresas privadas y públicas, las empresas estatales y las asociaciones público-privadas, dado su carácter central en el conjunto de la sociedad.
Los datos que se presentan se suman al optimismo social generalizado y la revalorización del sector público en la evaluación y confianza ciudadana. Este informe, junto con el estudio —también publicado por la OCDE— “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024”, registran indicadores de un desempeño relativamente bueno en lo relacionado a fiabilidad del gobierno y prestación de servicios. Sin embargo, también señalan la persistencia de cierto escepticismo sobre la capacidad gubernamental para controlar el problema de la corrupción. Esto sucede porque, en buena parte de los países analizados, los marcos de integridad no han superado una etapa de diseño de tipo ideal y transitado hacia la implementación. En adición a este reto institucional, los Estados también enfrentan la exigencia democrática de que el control de la corrupción y la adopción de principios de integridad se extiendan hacia el sector privado.
A pesar de que se ha hecho explícita la importancia de reglas de integridad en el sector público y privado, así como en las relaciones establecidas entre estos, la OCDE señala que uno de los principales retos es mitigar los riesgos de corrupción en el sector privado, las empresas públicas, las empresas estatales y las asociaciones público-privadas.
Este escenario destaca sobre todo en un contexto en el que los espacios de interacción entre instituciones del Estado y agentes privados podrían incrementarse, independientemente de la centralidad de la acción estatal en el proceso de desarrollo nacional. Por ejemplo, destacan en el mundo los casos del sector energético, y de la innovación y tecnología. En el primer sector (el energético) los riesgos de integridad y la necesidad de mecanismos anticorrupción se remarcan por la responsabilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático que deben estar presentes en toda representación del interés público. En el segundo sector (innovación y tecnología), el incremento de los espacios de interacción público-privada está relacionado con la presencia y uso exponencial de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), donde casi nada está dicho.
Lo cierto es que, en el corto plazo, estas consideraciones sobre la ampliación de las perspectivas anticorrupción e integridad deberán influir directamente en la toma de decisiones para la implementación de estrategias nacionales anticorrupción. En adición, los organismos multilaterales, como el caso de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS), resaltan la relevancia de generar estrategias conjuntas y estándares mínimos para el diseño e implementación de reglas de integridad en el sector privado que participa con el sector público o desarrolla funciones públicas; ello sumado a las políticas de integridad de las entidades fiscalizadoras superiores como la ASF, mismas que son robustas al implementarse y difundirse entre el personal auditor, así como actualizarse de manera permanente.
