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El llamado “Plan B” de la Reforma Electoral presidencial avanza… pero sigue siendo motivo de división. La estira y afloja obligó a la negociación forzada. La iniciativa ya pasó el primer filtro en el Senado, pero sin el respaldo al 100 de los aliados morenistas. El escenario está marcado por las tensiones con el PT y con una oposición que, aunque es debilucha en votos, sigue advirtiendo de los riesgos de fondo en el dichoso plan.
Lo que está en juego con la Reforma Electoral no es un ajuste menor. Se trata de cambios que impactan directamente en la estructura, operación y alcance del sistema electoral mexicano. Y ahí es donde comienza el verdadero debate: ¿es una modernización necesaria que fortalece la democracia o es un rediseño que solo busca beneficios políticos y electorales para algunos?
En el Senado, la aprobación en comisiones avanzó pese a la ausencia de los legisladores del Partido del Trabajo y eso dejó ver fisuras en una alianza que, en teoría, debería caminar sin sobresaltos en este tipo de reformas; pero ello reflejó que cuando los aliados dudan, algo no termina de convencerlos, que no les conviene o les afecta a ellos porque la sociedad es la que menos les importa.
El argumento central del proyecto presidencial gira en torno a la austeridad, la simplificación administrativa y la eliminación de excesos como las regidurías. En el papel es atractivo: menos burocracia, menos gasto, más eficiencia. ¿Quién podría oponerse a eso? Sin embargo, el problema es el “cómo”.
Los especialistas y la oposición han advertido que detrás de la narrativa oficial hay riesgos operativos que podrían debilitar la capacidad técnica del sistema electoral, particularmente en tareas clave como la organización de elecciones, la fiscalización y la capacitación ciudadana y eso es un peligro real.
Otro elemento que no puede ignorarse es el timing político. En la antesala de un proceso electoral clave rumbo al 2027, cualquier modificación en las reglas del juego levanta sospechas. Porque en política, la forma es fondo y la oposición lo sabe, sobre todo cuando se trata de hablar de adelantar la consulta de revocación del mandato presidencial y que representa una contienda desigual.
La discusión en el Senado ha sido ríspida. De un lado, hay discurso de transformación y del otro, la narrativa de defensa institucional y en medio están las y los mexicanos que observan a distancia, pero que serán quienes resientan cualquier mala decisión que afecte el sistema.
El Plan B avanza. Eso es un hecho. Pero también avanza la polarización en torno a él. La pregunta de fondo no es si se debe reformar el sistema electoral, sino si esta es la reforma correcta, en el momento correcto y con los consensos necesarios. Porque cuando se trata de elecciones, la confianza no se construye con mayoriteos legislativos o negociaciones políticas a conveniencia, se construye con congruencias que deben hacerle sentido a la sociedad.
