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Las tareas de gobierno se mueven en un espacio de complejidad creciente. Como he señalado en textos previos, tanto el ejercicio de gobierno –a través de políticas y programas públicos– como el monitoreo, auditoría y evaluación de sus intervenciones son tareas que requieren de conocimientos, fortalezas institucionales y redes de colaboración, apoyo y cooperación entre organizaciones públicas. Estas dinámicas permiten compartir buenas experiencias, casos de éxito, prácticas institucionales que favorecen la obtención de resultados positivos, etcétera.
Bajo ese entendido, las relaciones institucionales se mueven en un espectro de complementariedad y subsidiariedad. La primera se refiere al tipo de relación entre instituciones pares que se comunican y comparten experiencias a partir de características similares y nivel de responsabilidad compartido. La segunda, la de la subsidiariedad –que no implica subordinación o sustitución–, es resultado de la relación de una instancia superior para ofrecer apoyo y facilidades a otras instancias. Esta última ocurre, sobre todo, en estados organizados federalmente, en donde las competencias concurrentes e instituciones locales que cuentan con un símil a nivel federal –o en el caso de la fiscalización con una entidad superior– orillan al nivel local a establecer vínculos de este tipo.
A propósito de esta reflexión, la semana pasada destacaron dos actividades que justo demuestran el compromiso con formar dinámicas de complementariedad y colaboración institucional. En primer lugar, la firma del acuerdo de entendimiento entre la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General de la República de Colombia en la CDMX. En segundo lugar –igual de relevante– fue un evento más de capacitación en materia de fiscalización superior en las entidades federativas; ahora en el estado de Coahuila.
En ambos casos se demuestra la gran valía de la cooperación institucional y la necesidad de que las organizaciones públicas se comuniquen entre ellas. En el plano internacional –como en el acuerdo firmado entre con el estado de Coahuila—, el entendimiento favorece la posibilidad de aprovechar y compartir metodologías, mecanismos y demás instrumentos que han favorecido el desarrollo de una tarea –por definición compleja– como la fiscalización. También permite, por el trabajo realizado desde la ASF, transmitir la fortaleza de la política de rendición de cuentas de México y fortalecer la creación de capacidades hacia el exterior.
La relación de México con otras ASF del mundo –sobre todo con nuestra región de América Latina– es un asunto sustantivo que desarrolla en la OCCEFS, la OLACEFS, en donde somos la secretaria ejecutiva y la INTOSAI. La participación de la ASF en diferentes organizaciones multilaterales y la fijación de relaciones institucionales con sus pares en otros países permite fortalecer el trabajo cotidiano de auditoría, fiscalización y evaluación.
Mientras que la buena relación de la ASF con los gobiernos locales y con las contralorías y secretarías de finanzas en las entidades federativas, las universidades, nos permiten compartir experiencias. El caso de las jornadas de capacitación de servidores públicos de la ASF hacia personal de gobiernos locales, estados y municipios, permite crear una dinámica positiva para prevenir observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública; comprender y lograr la atención correcta de las auditorías en todas sus etapas, y las herramientas tecnológicas que ahora se utilizan para realizar el trabajo auditor.
