En esa ocasión se presentó también la propuesta del Estado de Oaxaca para crear una tercera parte en el Fondo General con el fin de evitar las distorsiones del Sistema de Distribución de Participaciones, específicamente en el periodo 1991- 1994.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 1990, con el apoyo abrumador de la mayoría de los funcionarios fiscales estatales.
Seguiremos con la historia…
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Hace casi 50 años, he vivido los avatares del federalismo fiscal en México. Podría describirse como la historia de una serie de aproximaciones sucesivas a la fórmula de distribución de las participaciones a los estados y municipios, casi perfecta que satisficiera a todos, éramos casi 26 estados que habíamos sido marginados de la distribución. La inquietud surgió en Oaxaca, su permita era inferior en 9 veces a la del estado más beneficiado por ello. Para algunos, los avances parecían exasperantes, pero para quienes vivimos de cerca este proceso, recapitular sus episodios, deja varias convicciones alentadoras, entre las cuales destaco dos:
1. Hemos ido en el camino correcto; es decir avanzamos enterados hacia dónde debíamos ir, formamos un frente de 26 entidades. Encontramos una fórmula, “casi perfecta”, en la coyuntura, un año de reuniones y un consenso mayoritario para el cambio de la misma, que compensó a los estados del sur y centro de sus rezagos. En su fuero interno tarde o temprano, cada secretario de finanzas en las Entidades Federativas y
2. Este proceso de construcción del federalismo ha sido una obra conjunta, de diálogo, intercambio de experiencias acumuladas. En otras palabras, es expresión del mismo espíritu federalista y demostración de la capacidad de la buena política para lograr acuerdos y compartir objetivos.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene su origen en un conjunto de experiencias exitosas: la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, la introducción del IVA, así como del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo Financiero Complementario, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en bancos, la delegación de mayores facultades a las entidades federativas en la coordinación administrativa en materia fiscal federal, la introducción del mecanismo de anticipos en el pago de las participaciones con el fin de dar liquidez a los estados, hasta el diseño y aprobación a fines de la década de los ochenta, de la fórmula vigente desde entonces, con algunos cambios regresivos en 2007. Detrás de estas experiencias hubo análisis y debates profundos entre las propias entidades y los funcionarios federales, que asumimos la esencia del debate en 1990 e integramos una propuesta que recogía los elementos sustantivos de las propuestas.
En la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales celebrada en Huatulco en 1990, la nueva fórmula de participaciones surgía del trabajo de los funcionarios fiscales y reflejaba, con la mayor aproximación posible, la preocupación de todos por forjar un sistema equitativo y moderno en beneficio de la población. El desafío consistió entonces en conciliar las dos mitades que se contrapesan en el ideal federalista: buscar la igualdad en el trato a las entidades al mismo tiempo que se reconocen -y tratan de aliviar- las evidentes desigualdades de tamaño y condición entre las economías estatales.
La Fórmula de Distribución de Participaciones, que inició su vigencia en enero de 1991, con el ajuste de 2007, ha sido el instrumento fundamental de las relaciones fiscales de los tres órdenes de gobierno. La fórmula incluye un impulso al esfuerzo recaudatorio local, al incluir como asignables para la distribución del Fondo de Fomento Municipal la dinámica recaudatoria de predial y agua.
