Desde el más humilde pastor de ovejas hasta el más intrépido piloto de fórmula uno, todos somos peatones.
Además de los Estados antes señalados otras entidades federativas como es el caso de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, también regulan a la movilidad como un derecho.
Es decir, en algún momento caminamos y nos movemos de un lugar a otro por los mismos caminos que existen en el territorio. La persona que camina a la tortillería para la comida del día. El usuario de transporte público que camina de su casa a la parada de la unidad que abordará. El empresario que se baja de su automóvil para acudir a una junta de negocios. El ciclista que estaciona su bicicleta para entrar a la tienda de la esquina para comprar lo que necesita.
Absolutamente todos somos peatones en algún momento del día, incluso aquellas personas con alguna discapacidad que se trasladan en silla de ruedas, ocupan el mismo espacio común para moverse de un lugar de origen a un lugar de destino. Esa es la movilidad, el derecho que tenemos las personas con y sin discapacidad a movernos de un lugar a otro en silla de ruedas, a pie, en bicicleta, en transporte público, en automóvil de forma segura, ágil, rápida y digna.
El poder llegar a nuestros destinos en el tiempo estimado, sin contratiempos y en circunstancias adecuadas repercute directamente en nuestro desarrollo y de la sociedad. Es decir, movernos en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Aunado a lo anterior, las consecuencias de no garantizar el derecho a la movilidad son letales, pues la primera causa de muerte de niños y de jóvenes en México es por accidentes viales. Durante 2019 fallecieron 4,125 personas en México por accidente de tránsito según cifras del INEGI. Es decir, la movilidad ante todo, es un tema que busca poner medios para proteger la vida de nosotros los peatones.
El derecho a la movilidad tiene su base en la Carta del Derecho a la Ciudad que en el artículo XIII de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad estipula: “Las ciudades deben garantizar el derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad).”
En nuestro país, el Congreso de la Unión aprobó la minuta de reforma que reconoce el derecho a la movilidad y a la seguridad vial en nuestra Constitución Federal, minuta de reforma que se encuentra en aprobación por parte de los congresos locales. Nuestro congreso local aprobó la minuta de reforma el pasado 27 de octubre. Bien por los legisladores federales y locales que pusieron en la agenda y aprobaron, un tema tan importante y sensible para las personas de a pie, que somos todos.
Las modificaciones son referentes al artículo 73 constitucional para que el Congreso puede legislar en materia de seguridad vial y movilidad, al artículo 115 para que los municipios formulen planes en materia de movilidad y seguridad vial, así como el artículo 122 con el objetivo de incluir la movilidad y seguridad vial como parte de las acciones a acordar en el Consejo de Desarrollo Metropolitano.
La movilidad como derecho, se encuentra reconocida en algunos instrumentos de las entidades federativas de nuestro país, como es el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México la cual establece, en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Por otro lado, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios prescribe que la movilidad es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, a través de las diferentes formas y modalidades de transporte. También la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima dispone que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de traslado y transporte, a un sistema de movilidad.
En nuestra entidad federativa el pasado 17 de noviembre el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el reconocimiento al derecho a la movilidad en la constitución local, la cual como lo mandata la ley requiere de la aprobación del 50% de los municipios de nuestra entidad.
Con este primer paso, es necesario, además de completar el procedimiento legislativo, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, pongan medios y prioricen acciones, programas, obras y políticas públicas a favor de la movilidad, pues al hacerlo benefician a todos los que disfrutamos o padecemos la infraestructura, el servicio y las condiciones de todo aquello que tiene que ver con nuestro desplazamiento. Seguir promoviendo la agenda de movilidad, es estar a favor de mejores calles, mejores espacios, públicos, mejor transporte público y con ello disminuir accidentes viales y por lo tanto preservar la vida humana.
El espíritu es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Ello implica dar respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta nuestro país, nuestro estado y nuestra ciudad. Al hacerlo por los ciudadanos, también lo hacen por ustedes y sus familias señores diputados. A seguir trabajando a favor de la movilidad.
