Estimado lector, la mejor opinión es la suya, ante estos datos que son solo una muestra de una evaluación rigorista que realiza anualmente la WJP, la cual refleja la lamentable situación en la que se encuentra nuestro México.
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Con base en el informe del World Justice Proyect (WJP), el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 (IEDMX), desde una perspectiva ciudadana, el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 Entidades Federativas, muestra datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, para evaluar la realidad nacional.
El resultado de esta evaluación señala un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en la mayoría de las entidades federativas; ningún estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas las entidades tienen grandes retos pendientes.
Los estados con los puntajes más altos en el IEDMX 2023-2024 son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47); y los estados con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35), y Quintana Roo (0.36).
Los datos señalan “1) la mayoría de los estados muestran una contracción en la participación ciudadana, la cual es fundamental para que la ciudadanía participe de forma efectiva en la formulación de políticas públicas; 2) la seguridad es uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva; 3) hay un fortalecimiento en la garantía a los derechos laborales al registrar mejoras en 19 estados, y 4) persisten los retos en el sistema de justicia penal, en particular tras el debilitamiento en la garantía al debido proceso”. Este Índice de Estado de Derecho a nivel global, refleja la realidad nacional.
En el ámbito internacional, México retrocede tres posiciones en el índice de respeto al Estado de Derecho 2025, ubicándose en el lugar 121 entre 143 países considerados. Antes de México, están Rusia, Turquía, Guinea, Honduras, Nigeria, El Salvador, Angola, Madagascar y Togo. Por su parte, los líderes en este tema son: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda.
A su vez, el American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, señalan como factores de riesgo “los procesos de revisión del T-MEC. Este índice se integra por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal”.
Respecto a orden y seguridad, México se ubica en el lugar 132 de 143 países evaluados. En ella incorporan sectores como control efectivo al crimen organizado, recurrencia de personas a la violencia para resolver agravios, así como conflictos civiles efectivamente limitados.
En contrapesos del poder “cayó del lugar 106 al 108, este índice evalúa los límites al poder gubernamental por la legislatura; límites al poder gubernamental por parte del poder judicial; independencia de órgano auditor; transición de poderes sujetos a la ley y ejercicio del poder público sin influencia de poderes fácticos”.
El sector de ausencia de corrupción, que también forma parte del índice, “es uno donde México sale entre los peor calificados de los 143 países, ocupa el lugar mundial 134 de 143 países, es decir, solo nueve lugares arriba del que tiene las peores calificaciones. Apenas rebasa al último del comparativo, que es la República del Congo; a Camboya, Bolivia, Haití; Camerún, Gabón; Kenia; Venezuela y Uganda”.
Otro subíndice, donde México tiene las peores calificaciones es: justicia criminal, se ubica en la posición 135 de 143 países. Apenas rebasa a los últimos de la fila: Venezuela, Bolivia, El Salvador; Myanmar, Camerún; Haití, Afganistán y Nicaragua.
