Reencausar el compromiso social

El rumbo de la economía asociado a la política social debe asumirse como una respuesta del Estado y de los diversos actores, para hacer frente a las demandas ciudadanas, o en su caso enfocar la atención a fenómenos sociales específicos.

En este sentido, lo más difícil en un Estado de Derecho, es el establecimiento de una relación madura y sensata entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; ahí estriba la clave para hacer reformas que consoliden o en su caso modernicen el marco jurídico.

Sin embargo, violencia, narcotráfico e inseguridad, aunada al problema de pobreza y desempleo, entre otros aspectos, han sido y siguen siendo los factores que han deteriorado el nivel de vida de un importante número de habitantes.

Esta problemática, requiere proyectos que den certeza jurídica, para impulsar el desarrollo con equidad y justicia, al tiempo que determinen puntualmente obligaciones y beneficios que abarque a todo el conglomerado social, pues reitero, violencia, inseguridad y desempleo, aunada a la irresponsabilidad y la corrupción, han deteriorado el desarrollo y la armonía de la sociedad.

Se deben instrumentar medidas adicionales que estimulen la actividad productiva, e impulsen el desarrollo económico en todas las regiones del territorio nacional.

“Las crisis económicas en México han tenido lugar en un contexto de rápida modernización de estructuras e instituciones, que han acentuado aquellas inclinaciones a la dislocación económica y social. Los costos humanos de estas crisis, el cambio en la estructura de la población heredada de la explosión demográfica de los años setenta, los rezagos sociales acumulados, y las zonas centrífugas asociadas a la globalización, han convertido a la sociedad mexicana, como lo ha señalado Clara Jusidman, en una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y sumamente compleja que ha experimentado un proceso creciente de segmentación social en donde sus componentes no se comunican, no comparten proyectos y varios se sientes excluidos”.

Estos factores contribuyen a la pérdida de la cohesión social, pero al mismo tiempo han impulsado una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertirla. Pues la sociedad civil, académicos y organismos internacionales, advierten sobre el peligro de esas tendencias.

Y en su actuar buscan obtener las condiciones que aseguren la satisfacción de los bienes y servicios sociales vinculados a valores universales, tales como equidad, igualdad de oportunidades, tolerancia y el reconocimiento; sin embargo, el acelerado proceso de desarrollo económico ha provocado el deterioro social y la desintegración familiar.

Claro es que, para muchos, el nivel de vida ha mejorado, pero ese nivel no está representado en calidad de vida. Por ejemplo, la juventud a pesar de tener un mayor grado de escolaridad no mejora su nivel cultural. Prueba de ello, es que actualmente casi por todo protestamos, pero no colaboramos o no nos comprometemos.

Lo cual ha llevado a que los proyectos, no responden a ideales, sino a situaciones de índole personal y en los últimos tiempos atienden el carácter ideológico, generando, división, enfrentamiento, orientando a la sociedad al consumo, debido a que existe un carácter demasiado individualista que nuestro ambiente promueve.

Y, debido a la tendencia decreciente del PIB, es posible que se refleje una ligera disminución al concluir el 2025, los datos no resultan halagadores, debido al magro crecimiento de la actividad económica en los últimos años. Los efectos negativos derivados del menor crecimiento acrecentaran la presión social.

Lamentablemente, criticamos sin establecer propuestas para modificar o corregir nuestra actual condición económica y social, razón por la cual debemos propiciar la convivencia, solidarizarnos con la protección de nuestro entorno y en general del medio ambiente, para sustentar y mejorar nuestra calidad de vida.

Sus comentarios.jrobertofl2021@outlook.com

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión