¿Qué sabe el gobernador Alejandro Armenta cuándo esta semana ha insistido en la corrupción y la inseguridad en Puebla?

Y seguramente, el gobernador y su equipo de Inteligencia de Seguridad Pública tienen nombres y apellidos de los aspirantes a candidatos, sin importar partido político, impulsados por los carteles.

“Si aceptan delincuentes, esos partidos se vuelven delincuentes también. No nos andamos por las ramas; la población sufre cuando se permite la entrada de grupos delincuenciales en los municipios”.

El gobernador advirtió que existen casos en los que servidores públicos, en complicidad con grupos criminales, llegan incluso a exigir derecho de piso a empresarios, lo que recuerda prácticas retratadas en la película La Ley de Herodes.

Alertó sobre el riesgo de que personas hagan campaña respaldadas por grupos delictivos, ya que al obtener un cargo pueden utilizar el poder para proteger intereses criminales y posteriormente convertirse en empresarios.

“Se reparten el botín y utilizan a la ciudadanía como escudo; por eso estamos en una campaña para que nadie se vuelva cómplice”.

Los partidos políticos tienen ahora una doble responsabilidad, sacar buenos candidatos que ganen las encuestas de Morena nacional y evitar que los carteles se involucren, como desde hace varios años, en las campañas políticas.

El poder también es un negocio para el crimen organizado.

De las anécdotas que se cuentan

El panista Rafael Micalco no fue lejos por la respuesta.

José Luis García Parra, el coordinador del Gabinete estatal, aceptó, el mismo día del reto, comparecer en el Congreso de Puebla, sin necesidad de realizar una reforma legal.

Micalco dijo que es necesaria la rendición de cuentas de García Parra en el Pleno de la Cámara.

Sin reforma, el funcionario dijo que asistirá y el gobernador Armenta lo confirmó.

García Parra demostró que tiene grandes reflejos políticos.

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@fercrisanto