Desde hace más de dos décadas, la criminalidad y seguridad se han convertido en temas centrales para la atención pública. Esta preocupación por la seguridad pública en el continente sólo es equiparable a la preocupación de la economía.
En México, entre los principales factores, podemos encontrar el deterioro de las condiciones de vida; la creciente desigualdad entre las poblaciones más ricas y más pobres; los conflictos armados que dejan patrones culturales tolerantes a la violencia, así como a la disponibilidad de armas; consumo de alcohol y drogas relacionados sobre todo con la comisión de delitos violentos.
Debido a su ubicación geográfica, nuestro país siendo limítrofe natural con los Estados Unidos de América, posee una extensa gama de problemas y carencias, mismas que día a día parecen desbordarse e impactar contra otras esferas, tanto políticas, sociales, económicas y culturales. No obstante, como resultado de algunos desaciertos, pese a los esfuerzos de los últimos años el proceso de aparición de actitud y creación de grupos organizados que propician la violencia se ha acelerado de manera alarmante. Es así, que el Estado Mexicano, a través de las instancias de gobierno en todos los niveles, se propone mejorar la calidad de vida de la sociedad en responsabilidad compartida con los ciudadanos, incorporando en su política los principios de legalidad y reconstrucción y fortalecimiento de valores para el desarrollo sostenible, que además de combatir todas las expresiones de violencia como generador de riqueza, combate a la pobreza y conservación del patrimonio natural, propicia la equidad, igualdad, justicia, armonía, solidaridad y respeto a los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos esta Nación.
Es momento de establecer acuerdos, asumir responsabilidades y desarrollar nuevas formas de compromiso hacia la legalidad como un modo de vida y relaciones humanas. Es necesario garantizar el control civil del aparato de prácticas autoritarias y arbitrarias que en el pasado se volvieron metas inmediatas de los gobiernos democráticos emergentes. Un ejemplo de ello es el cambio en la nomenclatura de muchos países latinoamericanos en los que se habla de “seguridad ciudadana” ya no de “seguridad pública” evidenciando la democratización del concepto y la esperanza de mayor participación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas de seguridad; logrando reducir las consecuencias de la misma, que van más allá de la erosión del Estado de Derecho, ya que también conllevan pérdida económicas y sociales por los daños incurridos por el acto delictivo; el aumento en el gasto en que incurren las personas para protegerse, las pérdidas ocurridas en horas-hombre por el estrés o recuperación de una víctima después de haber sufrido un delito; así como el tiempo invertido en denunciar. Asimismo, existe un costo por introducir medidas preventivas dentro de las rutinas diarias de cada ciudadano.
El país debe promover de manera integral y acoplada las causas del desarrollo, seguridad y Derechos Humanos; porque de otro modo ninguna de ella podrá triunfar. La sociedad no puede tener seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad; ni tener alguna sin el respeto a los Derechos Humanos.
