Sismo internacional, ¿qué significa?
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Puebla, 7 de marzo de 2026
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Lo ocurrido alrededor de la captura reportada de Nicolás Maduro no es solo una noticia: es un punto de inflexión que obliga a replantear qué entendemos por soberanía, cómo funcionan aún las sombras de la Doctrina Monroe y por qué los grandes intereses económicos (energéticos) determinan reacciones y silencios en la escena internacional.
Los detalles concretos de la operación y su legalidad seguirán siendo objeto de investigación y debate. Lo relevante para el lector es la lógica geopolítica que subyace: cuando un actor, en este caso un Estado con capacidad militar y jurídico-política global, decide llevar a cabo una acción de este calibre fuera de su territorio, no solo ejecuta un hecho puntual; envía señales sobre prioridades, límites y tolerancias del sistema internacional.
La Doctrina Monroe, nacida en el siglo XIX, proclamó la esfera de influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Aunque hoy nadie la enuncia literalmente, su espíritu persiste en prácticas y justificaciones: securitizar la vecindad, intervenir cuando se percibe una amenaza a intereses económicos o de seguridad, y usar herramientas extraterritoriales cuando las vías diplomáticas fallan o son consideradas insuficientes. En ese marco, Venezuela no es un caso aislado; es el ejemplo contemporáneo de cómo la geografía y los recursos vuelven estratégicos a ciertos países.
Venezuela posee una combinación peligrosa para el status quo: enormes reservas de hidrocarburos, una ubicación estratégica en el mar Caribe y un papel histórico como proveedor energético y actor regional. En un mundo aún dependiente de los combustibles fósiles, y con cadenas energéticas sensibles a la estabilidad política, la capacidad de un Estado para controlar producción, rutas y acuerdos petroleros atrae la atención de potencias cuya seguridad energética y económica puede verse afectada.
Entonces, ¿por qué la reacción internacional no ha sido inmediata y dura contra quién lideró la operación? Hay varias respuestas que se entrelazan. Primero, la legitimidad jurídica: si existen acusaciones de delitos transnacionales (narcotráfico, lavado, financiamiento ilícito) dirigidas a individuos que afectan a terceros Estados, esos Estados sentirán que tienen una base para actuar. Segundo, la estructura del poder global: Estados dependientes del sistema financiero liderado por Washington, o con estrechos vínculos militares y comerciales con EE. UU., calculan costes y beneficios antes de desafiar abiertamente una acción que podría escalar. Tercero, la prudencia ante lo imprevisible: una condena rotunda seguida de sanciones o acciones militares podría desatar una crisis regional complicada y de alto costo.
También operan otras realidades prácticas: las instituciones multilaterales )ONU, OEA) están politizadas y divididas; lograr una condena unánime es rara vez viable
En el fondo hay una lógica de realpolitik: los Estados privilegian la protección de sus intereses estratégicos y la minimización del riesgo. Eso puede traducirse en silencio, declaraciones medidas o rechazos formales pero sin represalias. No siempre es que “apoyen” explícitamente la acción; muchas veces se trata de no empeorar una situación que puede retroalimentar volatilidad económica, flujos migratorios o conflictos armados.
El precedente es peligroso. Si se normaliza la captura o eliminación de líderes en suelo ajeno como herramienta de política exterior, la norma internacional que protege la soberanía se debilita. Al mismo tiempo, la ausencia de una respuesta contundente puede ser interpretada por potencias hegemónicas como una licencia tácita para actuar cuando lo estime necesario. Eso alimenta desconfianza y fomenta que otros actores busquen balances de poder alternativos o formas de protección asimétrica.
La lección, más que moralizar, es práctica: el sistema internacional necesita reglas claras y mecanismos creíbles para juzgar y sancionar a responsables de crímenes transnacionales sin depender de la improvisación de una operación unilateral. Mientras tanto, la geografía y el petróleo seguirán convirtiendo a países como Venezuela en piezas codiciadas en el tablero global, y las reacciones de los Estados estarán guiadas menos por principios absolutos que por cálculos de interés y riesgo.
Al final, la pregunta que queda para la ciudadanía es simple y urgente: ¿queremos un mundo donde la ley internacional dependa de la capacidad de imponerla, o uno donde las reglas sean fuertes, transparentes y aplicables a todos por igual? La respuesta definirá la próxima etapa de soberanías y alianzas.
