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Cada 1 de diciembre, el mundo dirige su atención al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Más que una simple conmemoración, el Día Mundial del SIDA es un llamado urgente a la acción, la concientización y, sobre todo, a la responsabilidad social. Pese a los avances monumentales en el acceso al tratamiento, el VIH sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública global, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano. Hoy, es imperativo entender el virus, confrontar las cifras y desmantelar los muros del estigma que impiden el progreso.
El VIH es un retrovirus que infecta y destruye las células CD4 (o linfocitos T auxiliares), un tipo de glóbulo blanco crucial para el sistema inmunitario. Estas células actúan como “operadores del 911” que coordinan la defensa del cuerpo. A medida que el virus se replica, el número de linfocitos disminuye, dejando al cuerpo vulnerable. La etapa más avanzada de la infección es el SIDA, definida por la aparición de infecciones oportunistas o cánceres conexos. Si no se recibe tratamiento, la progresión al SIDA puede tardar entre 8 y 10 años.
A nivel global, la lucha ha sido constante. Se estima que, en 2023, 39,9 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, incluyendo 1,4 millones de niños. Aunque la cifra de nuevas infecciones en 2023 se estimó en 1,3 millones de personas, los avances en el tratamiento han transformado el panorama: 30,7 millones de personas recibían tratamiento antirretrovírico (TAR) a finales de 2023.
En México, la situación regional también exige nuestra atención. Concretamente, en el estado de Puebla, los retos persisten. En 2023, se registraron 400 nuevos casos confirmados de VIH, de los cuales el 89.5% (358) fueron hombres y el 10.5% (42) fueron mujeres. Esto sitúa la tasa de incidencia de VIH en Puebla en 5.9 por cada 100 mil habitantes en 2023. Además, Puebla ha enfrentado una de las tasas de mortalidad por SIDA más altas a nivel nacional en años recientes, incluso superior a la tasa media del país. A finales de 2022, la entidad reportó tener 4,667 pacientes con resultado confirmado y bajo tratamiento de VIH.
El tratamiento antirretrovírico (TAR) es la piedra angular de la respuesta al VIH, y la adherencia al mismo es un acto de responsabilidad individual y social. El TAR previene la multiplicación del VIH en el cuerpo, lo que permite que las células inmunes vivan más tiempo y ofrezcan protección. Hoy, el tratamiento de una persona con VIH es comparable al de alguien que padece presión arterial alta: si se controla con la medicación correcta y atención médica adecuada, ambas condiciones se pueden manejar eficazmente, permitiendo a la persona vivir más años y con una vida más saludable.
Un logro científico fundamental que subraya la responsabilidad social del tratamiento es el concepto de Indetectable es Intransmisible (I=I). Un TAR eficaz reduce la carga viral (cantidad de virus en el cuerpo). Si la persona seropositiva sigue un tratamiento efectivo y tiene una carga viral indetectable, el riesgo de transmitir el virus a sus parejas sexuales por vía sexual es nulo. Por lo tanto, ampliar la cobertura y la adherencia al tratamiento no es solo atención médica, es una estrategia clave de prevención.
La prevención también requiere la participación consciente de toda la sociedad. El VIH puede transmitirse de varias formas: relaciones sexuales sin protección (vaginales o anales), intercambio de material de inyección contaminado, transfusiones de sangre o hemoderivados contaminados, o transmisión maternoinfantil durante el embarazo, el parto y la lactancia.
La mayor barrera que enfrentan las personas que viven con VIH (PVV) en Puebla y en México es el estigma y la discriminación. Derivado de prejuicios, miedos y desinformación, el estigma puede llevar al diagnóstico tardío, a la pérdida de empleo, al rechazo familiar y a la desesperanza. Las prácticas empresariales discriminatorias, como la exigencia de pruebas de VIH forzosas para mantener o acceder a un empleo, persisten y deben ser combatidas.
Por ello, la cultura de NO discriminación y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para no generar obstáculos a quienes han adquirido el virus. La legislación mexicana es clara: La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) prohíbe explícitamente “Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA” en ámbitos clave como el empleo, la seguridad social y los servicios médicos. La Ley General de Salud garantiza el derecho a la protección de la salud, el acceso universal y gratuito al TAR para quienes no tienen seguridad social, y establece la obligatoriedad de la confidencialidad del diagnóstico. La Norma Oficial Mexicana (NOM) 010-SSA-2023 reafirma que la prueba de detección debe ser voluntaria, confidencial y con consentimiento informado.
La sociedad civil, es vital para combatir el estigma, crear espacios seguros y promover la adherencia al tratamiento, porque combatir el VIH/SIDA es más que distribuir medicamentos; es un ejercicio de empatía y justicia. La responsabilidad social no solo recae en los gobiernos o en las personas que viven con el virus, sino en cada uno de nosotros al garantizar una vida libre de violencia, juicio y discriminación. Solo a través de la información veraz, el respeto a los derechos y el apoyo incondicional lograremos, finalmente, el objetivo de poner fin al SIDA para 2030. Dejemos que la ciencia nos guíe y que la humanidad nos impulse.