El actual proceso electoral está marcado por la violencia y por el asesinato de varios candidatos de diferentes partidos y coaliciones, lo que coloca a Puebla como la tercera entidad en donde más asesinatos se han cometido, después de Guerrero y Oaxaca. Investigaciones periodísticas, de asociaciones civiles y datos oficiales hablan de que entre las víctimas están 28 precandidatos, 12 candidatos, 17 expresidentes municipales, 14 regidores y 12 presidentes en funciones.

En nuestro estado a la cada día más larga lista de políticos asesinados lamentablemente hay que agregar los nombres de Juana Iraís Maldonado y de Erika Cázares; la primera, candidata a diputad local del PVEM; la segunda, regidora en el municipio de Juan Galindo. Estos asesinatos han provocado una indignación enorme en la sociedad; van a provocar el rechazo de la población de todo el estado en contra del gobierno actual y del gobierno anterior por la creciente violencia y la inseguridad pública, contra las mujeres, sobre todo.

Nosotros nos hemos sumado a esa exigencia, pero tenemos que hablar de las causas. El factor de poder en Puebla se llama morenovallismo, porque es quien domina los diferentes ámbitos de la vida pública y el caso de la seguridad pública está a la vista. El titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, fue designado en el gobierno de Rafael Moreno Valle, en una designación transexenal. Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública Estatal, proviene también del tiempo de Rafael Moreno Valle; Diódoro Carrasco, secretario general de gobierno, si bien tiene funciones de gobernanza, es el articulador y el primer responsable ante la sociedad de la seguridad pública.

Ahora resulta que como es época electoral ya desde la propia casa del morenovallismo están intentando construir condiciones de exculpación, de verdad no tienen límite en sus pretensiones de quererse exonerar de una culpa que viene desde antes. Todo está a la vista, lo que debiera hacer el gobernador es quitarse de una vez por todas esta negra influencia del morenovallismo, ahora en este ámbito, el de la seguridad pública; así como ponerse a gobernar el tiempo que le queda con su gente de confianza y devolverle a las poblanas y los poblanos la seguridad pública deseada.

Hemos exigido el esclarecimiento de los otros asesinatos de políticos, varios de ellos gente de Morena o de la coalición Juntos Haremos Historia, pero no hubo respuesta, ni hubo atención. Así que hoy es el momento de exigir junto con la sociedad que el estado cumpla con su obligación. Todos exigimos el esclarecimiento de los hechos, pero tengamos perfectamente claro quiénes son los responsables y desechemos toda forma de oportunismo político y toda forma de cinismo.

Tengamos claro que esta indignación de la sociedad ha provocado el temor del exgobernador Rafael Moreno Valle, de sus cómplices y de sus socios. El gobernador, Antonio Gali Fayad, debe actuar. La sociedad le exige la renuncia de todos los mandos encargados de la seguridad pública en Puebla, lo cual incluye la del secretario general de gobierno.